BILBAO - La comunicación por parte del Gobierno español a la Comisión Europea de que el Fondo extraordinario de pensiones se agotará a finales del próximo año ha vuelto a poner sobre la mesa la problemática de las pensiones en el Estado español y la necesidad de articular nuevas fuentes de ingresos. Y el tema es de suma relevancia teniendo en cuenta que existe un colectivo de pensionistas de 9,5 millones de personas y la mayoría de los jubilados, -siete de cada diez, en concreto, según La Caixa-, viven exclusivamente de una pensión pública. Además casi 3,6 millones de ciudadanos mayores de 65 años de edad viven en el conjunto del Estado español con menos de 750 euros al mes, según el estudio de la entidad financiera catalana.
La pensión pública, cuya media es de 906 euros al mes, es el único ingreso que reciben el 70% de las personas mayores de 65 años en España, según el estudio La revolución de la longevidad y su influencia en las necesidades de financiación de los mayores.
De la importancia del sistema público de pensiones como pilar del estado de bienestar español es buena muestra también en que en un país con más de un 20% de tasa de desempleo, la pensión de los abuelos es la fuente principal de ingresos de más de la cuarta parte de los hogares españoles, un 27%, según la Encuesta de Presupuestos Familiares, del INE.
Conocida la importancia del sistema público de pensiones para la economía española, no es menos cierto que la partida de las pensiones que alcanza ya los 8.500 millones de euros al mes, lo que supone la mayor partida de los Presupuestos Generales del Estado pues supera los 132.000 millones de euros, no se está financiando con las cotizaciones a la Seguridad Social dado el alto nivel de paro, los bajos salarios y las bonificaciones introducidas por el Gobierno español del PP.
En este contexto un recorte de las pensiones incrementaría aún más el porcentaje de personas de más de 65 años en riesgo de pobreza o exclusión social que ya ha aumentado desde el 12,9% del 2013 al 13,7% en el 2014.
El estudio de la entidad financiera catalana reconoce que frente a esa mayoría dependiente al cien por cien de los ingresos de su pensión, existe un colectivo de un 30% de las personas mayores de 65 años que cuentan con ingresos alternativos que proceden de productos financieros, planes de pensiones o alquileres. La mayoría de los jubilados españoles encuestados por Vida Caixa, un 65%, perciben unos ingresos mensuales por debajo de los 1.250 euros. Un 57% de los encuestados declaran tener unos ingresos inferiores a los 1.000 euros al mes y un 38%, buena parte mujeres, vive con menos de 750 euros.
Por otro lado, sólo un 6% afirma superar los 2.000 euros mensuales. Desde Vida Caixa afirman que las personas que disponen de más ingresos es gracias a contar con dineros alternativas a la pensión.
El gasto medio mensual de los pensionistas españoles se sitúa en 953 euros, ello supone que algunos se comen sus ahorros, y un 45% de los ciudadanos mayores de 65 afirma tener problemas para llegar a finales de mes.
Los gastos básicos, como la luz, el agua, el gas o el teléfono, suponen el 31%, unos 295 euros, de los ingresos que reciben los pensionistas en el Estado español, mientras que la alimentación, el vestido o los productos de limpieza alcanzan el 35%, unos 332 euros. A la salud, gasto que se incrementa conforme pasan los años, destinan una media de 104 euros mensuales.
Pensionistas. En septiembre el Estado hizo frente a 9.433.986 pensiones, con importe medio de 903 euros. La Seguridad Social abonó 8.550 millones.
Pensiones vs. Salarios. La pensión media española declarada en el IRPF, según datos de la Agencia Tributaria, ha crecido año tras año, pasando de 12.573 euros en el 2010 a 13.786 en el 2014 al irse jubilando personas con los salarios más altos y más años de cotización. Mientras tanto, el salario medio declarado en el impuesto sobre la renta ha ido cayendo año tras año tras la crisis, desde los 25.245 euros del 2010 a los 24.557 euros del 2014.
906
euros al mes es la pensión media que reciben los 9,43 millones de pensionistas existentes en el conjunto del Estado español.
