bien está que la UE tome medidas para defender a los sectores productivos europeos frente a la competencia desleal de terceros países. Así ha ocurrido esta semana en el sector del acero al establecer una penalización temporal a las importaciones de bobinas de acero laminadas en caliente fabricadas en China. Una medida que puede afectar positivamente a empresas vascas como es el caso de la planta de ArcelorMittal en Sestao, que ha permanecido cerrada unos meses y cuyo futuro estaba en entredicho como consecuencia, entre otros factores, de esas importaciones.

Sin embargo, tanto el Gobierno Vasco, como la patronal siderúrgica (Unesid) y los sindicatos se han manifestado con tanta cautela ante la medida como desconfianza en la eficacia que puede tener en el futuro. Y no les falta razón. En principio porque trata de una “penalización temporal” que se prolongará en los próximos seis meses, lo cual conduce a la perplejidad habida cuenta que las autoridades europeas han tardado más tiempo en decidir la sanción (ArcelorMittal decidió el cierre de Sestao el pasado 21 de enero) que en la duración de la misma.

Es decir, los trabajadores directos e indirectos de la planta de Sestao han quedado laminados por el acero chino durante casi nueve meses y la hipotética reducción que pueden registrar ahora las ventas chinas en Europa se reducen a seis meses y quedarán supeditadas a la decisión final que tome la UE dentro de medio año. Razón por la que, cabe suponer, los directivos de ArcelorMittal no decidirán modificar su política empresarial de futuro a largo plazo más allá de aspectos puntuales y no vinculantes. Como se sabe, esta multinacional es de tal magnitud en el mundo que el cierre de una o varias plantas no afecta a su volumen de negocio.

Las incertidumbres no terminan aquí. Cuando, en el pasado mes de enero, se visualizó el cierre de las plantas que ArcelorMittal tiene en Sestao y Zumárraga, se puso de manifiesto que otro de los grandes obstáculos para que el sector vasco del acero pudiera seguir siendo viable y competitivo en el mercado internacional era el precio de la energía eléctrica que penaliza al sector. En este sentido, recordemos que el Gobierno español tiene en su mano influir en el precio de la energía. Pero no lo ha hecho, como tampoco suscribió la carta enviada por los ministros de los principales países comunitarios con una industria siderúrgica potente (Alemania, Francia, Luxemburgo, Italia, Polonia, Bélgica y Reino Unido) a la Comisión Europea con la petición de medidas antidumping para paliar la competencia desleal de las importaciones de acero chino y de otros países.

En efecto, los problemas no se circunscriben exclusivamente a las importaciones de acero chino. Rusia, Brasil, Irán, Serbia y Ucrania también están en el foco de los países que reciben subvenciones públicas para el que el precio final de sus productos sea competitivo en el mercado europeo y la UE tiene que tomar medidas. De momento, las que afectan a China “han tardado demasiado en adoptarlas”, como ha señalado la consejera del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia.

Resumiendo y terminando. No podemos conformarnos con una penalización del 13% porque “es infinitamente mejor que el 0%”, como dice Unesid. Es necesario exigir a la UE más rapidez en la defensa de los intereses europeos, como también es necesario exigir al Gobierno español (aunque esté en funciones) más ecuanimidad a la hora de proteger a las empresas energéticas y siderúrgicas.