bruselas - La Comisión Europea recordó ayer a España que de momento tan solo se ha aplazado la multa de hasta 2.200 millones de euros con la que podría ser sancionado el Estado por incumplir el objetivo de déficit. Frente al mensaje del Gobierno español, centrado en que no ha habido castigo porque se ha hecho un gran esfuerzo de contención del gasto los últimos años, Bruselas matizó que la decisión final está pendiente del diseño de unos presupuestos austeros, con un recorte de 5.000 millones.
La Comisión Europea aclaró que no sancionará “de forma automática” a España el 15 de octubre, fecha en la que los Estados miembros deben presentar sus proyectos presupuestarios para 2017, pero que podría hacerlo si considera que las Cuentas del Estado no cumplen con sus exigencias.
Europa no deja de enviar mensajes a Madrid para que ajuste sus Presupuestos. Primero amenazó con una congelación de las ayudas que recibe España, más tarde añadió que esos fondos incluso podrían recortarse y ahora coloca de nuevo la espada de la multa sobre la cabeza del Estado.
El mensaje es muy claro. La Comisión deberá antes evaluar el presupuesto -que también está pendiente de la investidura de un presidente- y comprobar si España ha tomado “acciones efectivas” para reducir su déficit excesivo y, a partir de ahí, con la evaluación de las previsiones económicas que se publican en otoño, valorar “si lleva el procedimiento más lejos”, indicaron a Efe fuentes comunitarias.
Sobre la suspensión parcial de los compromisos de los fondos estructurales para 2017, no habrá ninguna decisión hasta que se produzca el diálogo estructurado con el Europarlamento que la CE espera para la primera semana de septiembre.
La incertidumbre sobre la formación de un nuevo Gobierno ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que España no pueda presentar estas medidas y tenga que prolongar el presupuesto actual, de manera que la CE decida pasar al siguiente paso previsto en el procedimiento.
“La decisión no tendrá lugar el 15 de octubre”, zanjaron las fuentes. De momento, el Consejo debe aprobar la recomendación de la CE de no multar a España. La decisión quedará aprobada el 8 de agosto de forma automática si antes no existe una mayoría cualificada de socios comunitarios que se opongan a la medida, aunque todo apunta a que los Estados aceptarán la recomendación del Ejecutivo comunitario.
El Consejo también debe adoptar la nueva senda fiscal que debe hacerse para el 12 de septiembre. Antes de una hipotética intensificación de las sanciones, el procedimiento establece que la CE debe adoptar una nueva recomendación sobre la aplicación de medidas por parte de España, que también debe pasar por el Consejo. - DNA
