Decir que soplan malos vientos para el sector siderúrgico vasco no es decir algo nuevo, como tampoco lo es la grave situación por la que atraviesan las plantas que ArcelorMittal tiene en Sestao y Zumárraga que, si nadie lo remedia, pueden tener los días contados. La dirección de la empresa anglo india parece inflexible respecto a la planta guipuzcoana, mientras deja caer en cuentagotas diversas alternativas al inicial “cierre temporal indefinido” de la ACB que no aclara el futuro de cientos de trabajadores directos e indirectos. La última ocurrencia de la dirección consiste en presentar un “plan detallado” de producción en los próximos cinco años que se añadiría a esa otra oferta de producir dos fines de semana al mes a cambio de importantes ayudas públicas.

Digámoslo con claridad desde las primeras líneas de este artículo: resulta indignante la actitud de la empresa y, conocidos los precedentes en otras partes del mundo, se puede concluir que Mittal no es de fiar. Engaña o pretende hacerlo como también lo ha hecho en otros países. Por ello, hace bien el Gobierno Vasco al ser contundente contra semejante “plan de negocio” hasta 2020 elaborado por la en cuatro páginas, como si el futuro de una planta como la ACB de Sestao no valiera más allá del papel utilizado. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, pide un plan de viabilidad serio, concreto y detallado, ya que Euskadi no va a financiar un “cierre a plazos” de la acería.

Es evidente que la dirección de la empresa pretende lavar su imagen con estas propuestas y algunos sindicatos están dispuestos a aceptar las condiciones de la empresa, mientras que otros se dedican a criticar al Ejecutivo vasco. También se niega a una posible operación de venta como, por ejemplo, está ocurriendo en Gran Bretaña, donde los problemas del gigante siderúrgico indio Tata Steel han desembocado en un acuerdo con el fondo británico Greybull Capital para cederle una de sus divisiones europeas, que emplea a 4.800 trabajadores, como parte del proceso de venta de sus fábricas en el Reino Unido. Es decir, hay otras alternativas al cierre de plantas siderúrgicas. Todo depende de la voluntad de quienes las dirigen.

Los empleados de las empresas propiedad de Mittal lo han acusado en diversas ocasiones de emplearlos en condiciones de seguridad más que cuestionables. Incluso ha sido acusado de promover el trabajo esclavo tras la muerte de múltiples mineros. En diciembre de 2004, 23 obreros en Kazajistán murieron en varias explosiones dentro de la mina debido a que los detectores de gas eran defectuosos. Estas son, entre otras, las cualidades de quien no sólo preside, sino que dirige un descomunal imperio siderúrgico.

Claro que, en este escenario, la postura del Gobierno Vasco es insuficiente si no cuenta con una actitud similar en Madrid y Bruselas, porque la situación por la que atraviesa el acero vasco no es una excepción en Europa, donde la laxitud arancelaria para las importaciones chinas, la rigurosa normativa de la UE en aspectos medioambientales, los costes energéticos y la carencia de una política industrial en la UE, han hecho que las siderurgias europeas sean objetivo del voraz apetito de grandes fortunas como la de Mittal.

La solución no es sencilla. La UE, bajo la égida de instituciones intergubernamentales que han sustituido a una hipotético y deseado gobierno supranacional (la Comisión Europea) es incapaz de articular un plan de actuación común como consecuencia de las divergencias existentes entre los países más influyentes en Europa, sometidos a la estrategia neoliberal que rechaza una mayor regulación pública porque son ellos, los neoliberales, quienes aspiran al regular el mercado en parámetros de rentabilidad financiera.