BILBAO - El lehendakari Iñigo Urkullu destacó ayer, en el transcurso de una visita a Petronor, el esfuerzo inversor y de mantenimiento de empleo que están realizando las empresas vascas ligadas al sector del oil&gas en un momento del que “sabemos que no es el mejor para la industria derivada del petróleo”. Según el máximo responsable del Gobierno Vasco en Euskadi hay un grupo de empresas que se ven afectadas por esta situación. Y aunque no citó nombres, en la mente de todos estaban compañías como la propia Petronor o los fabricantes vascos de equipos para la industria petrolera, caso de los productores de tubos de acero sin soldadura, de válvulas etc.
En este sentido, Urkullu resaltó, en relación a las compañías ligadas al sector petrolero, que “estas empresas están resistiendo y manteniendo la actividad. Quiero destacar que siguen invirtiendo y consolidando el empleo”, afirmó el lehendakari, para el que “esta actitud es garantía de futuro para Euskadi”
Esta apuesta por la inversión y el mantenimiento de empleo de las empresas vascas relacionadas con la industria del oil&gas pese a una coyuntura de mercado muy adversa por la caída del precio del petróleo y de las inversiones en el sector contrasta con la que sigue alguna otra compañía instalada en Euskadi que opera en un sector industrial también afectado por una coyuntura adversa. Urkullu efectuó estas manifestaciones en las instalaciones de la refinería vasca Petronor en Muskiz, con motivo de la presentación del primer balance del programa de innovación abierta Inspire.
El lehendakari recordó que Petronor es una empresa “importante para Euskadi”, una industria de “gran trayectoria que sigue invirtiendo en el País Vasco” y que, según el máximo responsable del Gobierno Vasco, “está comprometida con los proyectos de innovación, además de con la red de proveedores y con la red vasca de ciencia y tecnología”.
Urkullu destacó que la industria vasca está en crecimiento al igual que la economía pero esta mejoría reconoció “aún no llega al día a día de los ciudadanos”. Por ello, a las instituciones públicas les corresponde, “garantizar las condiciones de confianza y estabilidad que favorezcan la inversión, el crecimiento y el empleo de calidad”.
