gasteiz - El sector industrial vasco atraviesa momentos delicados en una de sus patas, la relacionada con el acero, tras encadenar años de crisis económica. Un embate del que no escapa Álava -ahí está el ERTE registrado esta semana en Tubos Reunidos-, precisamente en un momento en que la economía parecía comenzar a consolidar una tendencia de crecimiento, con un incremento medio del 2,8% de la economía vasca en 2015 según los datos del Gobierno Vasco, apuntalado por la mejoría también registrada en el último cuatrimestre del pasado ejercicio respecto al tercero. Un escenario en definitiva con luces y sombras en el que el tejido económico aún no ha sido capaz de afianzar un escenario positivo para el empleo y en el que, en el caso de Araba, la industria ocupa un papel fundamental. Es en este contexto en el que ayer SEA Empresarios Alaveses presentó un Plan de Política Industrial de Álava con el declarado objetivo de contribuir a recuperar los aproximadamente 14.000 cotizantes que el territorio ha perdido desde el inicio de la crisis en 2008, en un territorio en el que precisamente la industria supone el 30% del PIB y el 27,6% de los trabajadores.

La patronal alavesa adelantó ayer algunas de sus estimaciones sobre creación de empleo para estos dos próximos años. Si Confebask presentaba hace un par de semanas sus cálculos sobre las 25.000 contrataciones que pronosticaba para este año, más de la mitad de nueva creación, SEA prevé que en concreto la industria cree en Álava 9.000 empleos entre 2016 y 2017: 4.500 de esos puestos corresponderían a este año, de los cuales unos 2.500 serían de nueva creación y el resto cubrirían fundamentalmente jubilaciones. Una generación de empleo que, en la misma línea de la advertencia ya lanzada por Confebask, se enfrenta al reto de encontrar profesionales formados en determinados perfiles laborales.

El Plan de Política Industrial, que SEA hizo llegar la semana pasada a Gobierno Vasco, Diputación alavesa y Ayuntamiento de Gasteiz, se estructura en torno a cinco ejes y doce líneas estratégicas y ha sido elaborado con las aportaciones de sus propios asociados, para alumbrar así 60 acciones entre las que destaca, por ejemplo, el impulso de una “lanzadera de financiación”. En el marco del Eje de Cooperación Empresarial y en materia financiera, el deseo de SEA es llegar a constituir “un polo de encuentro con las entidades financieras y las sociedades de garantía” que unifique y facilite a las empresas la información y acceso a los recursos y posibilidades de financiación, proyecto en el que la patronal ya está trabajando y que su presidente, Pascal Gómez, confía en que pueda fructificar en los próximos meses.

Buena parte de esas 60 acciones tienen mucho que ver con la colaboración público-privado y la implicación de las instituciones, por ejemplo varias medidas relacionadas con reforzar las conexiones entre mercado laboral y el sistema educativo, desde la FP Dual a grupos Universidad-Empresa. Unas propuestas que SEA quiere complementar con la creación de un Observatorio para “compartir un diagnóstico en materia de empleo”, en la línea del que plantea Confebask para la CAV. Esta conexión público-privada también subyace en demandas como el apoyo a la internacionalización o la eliminación de burocracia mejora de la eficiencia del marco legislativo.

fiscalidad Entre esas iniciativas se incluyen también las relacionadas con política fiscal. Los responsables de SEA hicieron especial hincapié en asentar la seguridad jurídica en el acceso a las deducciones fiscales por I+D+i, pero el plan incluye propuestas en este ámbito como la posibilidad de compensar pérdidas fiscales sin límite de tiempo o la equiparación con el resultado contable del Impuesto de Sociedades para las pymes. En este sentido, el secretario general de SEA, Juan Ugarte, planteó una revisión del tipo nominal y efectivo de este impuesto que lo sitúe en parámetros “competitivos”, al menos igual que en el resto del Estado, apostilló Pascal Gómez, con la vista puesta en que el tipo general que grava los beneficios empresariales en el Estado se sitúa en el 25%, tres puntos por debajo que en Euskadi.

Otro de los ejes que enlaza con esa colaboración con lo público tiene que ver con la optimización de la gestión de infraestructuras, por ejemplo en relación a los pasos dados para intentar integrar los distintos organismos de gestión de suelo industrial del territorio -desde Arasur a GILSA o CTV- o potenciar y aprovechar las ventajas logísticas, citando concretamente el aeropuerto de Foronda. “Es un proyecto que tenemos que hacer todos juntos, este es el inicio de un camino”, concluyó el presidente de la patronal alavesa.