vitoria - El recurso del Estado a las 35 horas semanales implantadas este año en la administración de la CAV ha levantado una oleada de críticas por parte de los sindicatos vascos y del propio Gobierno de Iñigo Urkullu, que ven en el movimiento del Ejecutivo español en funciones un nuevo ataque al autogobierno. Las condiciones de trabajo de los funcionarios vuelven a dar lugar a un conflicto de competencias entre Euskadi y el Estado en una materia vinculada de forma directa con la creación de empleo, tal y como ponen de relieve las centrales sindicales.
El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, tuvo que volver a defender ayer públicamente la decisión de reducir la jornada de los empleados públicos como ya hiciera frente a las críticas de Confebask. Como adelantó ayer este periódico, el Gobierno español ha decidido recurrir al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) la jornada de 1.592 horas al año fijada por Lakua a sus 70.000 empleados públicos al entender que contradice la normativa básica. Erkoreka señaló que el recurso del Ejecutivo español es una “agresión intolerable” al autogobierno vasco y considera además que es “ilegítimo” al proceder de un gobierno en funciones.
En declaraciones a los medios en el Parlamento de Gasteiz, Erkoreka denunció que el recurso español vulnera las competencias de la CAV en la materia, con “el agravante” de que ha sido presentado por un Gobierno en funciones que “se resiste como gato panza arriba” a ser controlado por el Congreso, dijo en referencia al rechazo de Mariano Rajoy y varios ministros a comparecer ante el Congreso tras la última cumbre europea sobre la crisis de los refugiados. Pese a eludir el control de la Cámara Baja, el Gobierno en funciones “no tiene problema en entrometerse” en la gestión de otras administraciones, destacó Erkoreka. El portavoz puso voz al enorme malestar que ha generado en Lakua el recurso de Madrid, explican fuentes del Ejecutivo, que recuerdan que en esta cuestión llueve sobre mojado a pesar de que fijar las condiciones de sus trabajadores corresponde exclusivamente al Gobierno de la CAV.
El viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, advirtió en Onda Vasca de que Lakua dará una respuesta “con la contundencia que se debe” al recurso presentado por el Gobierno español y se mostró tranquilo ante el proceso judicial que se abre.
En caso de que el TSJPV admita a trámite el recurso y dé la razón al Estado -en Lakua se estima que el proceso puede alargarse un año-, Euskadi tendría que acudir en casación al Tribunal Supremo. En todo caso, la Abogacía del Estado no ha pedido la suspensión cautelar del decreto del 2 de febrero que establece la nueva jornada, por lo que la modificación quedaría a expensas del juez.
Los sindicatos ELA y LAB también cargaron ayer contra el recurso activado por el Estado, poniendo el acento en los miles de empleos que se pueden perder si se vuelve a subir el tiempo de trabajo en la administración. “Exigimos al Gobierno Vasco que cumpla y defienda la decisión tomada”, indicó ELA, que ve en el recurso “un grave ataque al autogobierno vasco y una muestra más de la agenda involutiva social y contra el autogobierno del Estado”.
“Más allá de las iniciativas jurídicas pertinentes, ELA exige firmeza política y compromiso por mantener las 35 horas”, reclamó el sindicato que dirige Adolfo Txiki Muñoz, que ha cifrado en 9.000 los puestos de trabajo perdidos en el sector público vasco por el aumento de jornada aplicado en 2013. Según un informe de la consultora Deloitte solo en 2013 se perdieron 1.500 empleos en Osakidetza.
LAB también alzó la voz contra la decisión del Estado de llevar las 35 horas a los tribunales, que “demuestra claramente que la legalidad española ataca los derechos de los trabajadores”. El sindicato de la izquierda abertzale criticó que el Gobierno de Iñigo Urkullu haya hecho variaciones en la jornada de trabajo y en otras condiciones de los funcionarios de forma “unilateral” y afeó que la vuelta a las 35 horas tiene un “claro objetivo electoralista”. A pesar de que la jornada de 35 horas semanales ha sido aplaudida en general por los sindicatos, el ámbito público sigue siendo foco de conflicto ya que hay recortes que aun no han sido anulados y aun pesan los seis años sin subidas salariales. También EH Bildu reclamó una “defensa firme” de las políticas laborales vascas ante el “ataque” del Gobierno español en funciones.
conflictos competenciales La última legislatura de Mariano Rajoy ha estado marcada por los recortes en el sector público, que entre otros ámbitos de la administración han afectado a numerosas condiciones de trabajo de los funcionarios. En lo que se refiere a la retribución, la supresión de la paga extra de 2012 llevó a Lakua a plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por invasión de competencias, como ha ocurrido con más de una docena de medidas aplicadas por el Gobierno de Rajoy como el copago farmacéutico o la apertura de comercios en domingos y festivos, entre otras.
En el apartado estrictamente laboral, el Gobierno de Urkullu ha promovido recursos de inconstitucionalidad contra el Plan Prepara, que incluye una ayuda de 400 euros para desempleados, y el Programa de activación para el empleo, con 426 euros para parados que hayan agotado todos los subsidios. También acudió al TC por dos decretos con diversos incentivos a la contratación de jóvenes, sobre los que finalmente Madrid se abrió al diálogo y reconoció la condición de políticas activas de esas ayudas y, por tanto, que las mismas deben ser impulsadas por Lanbide.
Además, el TC ha anulado dos artículos de la ley de empleo parcial referentes al proceso sancionador por invadir las competencias de la CAV. El recurso de España por las 35 horas podría abrir el enésimo conflicto competencial con un Gobierno en funciones que perdió la mayoría absoluta en las urnas hace ya cuatro meses.
