madrid- La empresa pública Tragsa, más conocida por ser la principal encargada de retirar el chapapote de las playas en la catástrofe ecológica del petrolero Prestige, ha protagonizado un sainete laboral tras presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en 2013 que afectaba a más de 1.336 trabajadores y que había empezado a ejecutar con la entrada del nuevo año en 2016, con tres años de retraso, por efecto de las diferentes sentencias judiciales, unas a favor y otras en contra, del mismo. El problema deriva de que las circunstancias económicas de 2012 que desencadenaron el ERE no eran las de 2015 y se daba la paradoja que una empresa pública y en beneficios pretendía reducir la plantilla de personal fijo en más de un millar de personas cuando tenía casi idéntico número de nuevos contratados eventuales. Una apuesta por la precariedad laboral desde una empresa pública no es de recibo, según los sindicatos, cuya presión estos días en la calle ha hecho que la dirección paralice el expediente.

En concreto, la decisión de la empresa de frenar el ERE se produce después de haber materializado, unos 550, casi la mitad de los despidos previstos. En Tragsa estaban previstos un total de 726 despidos, de los cuales se han ejecutado unos 300, mientras que en su filial Tragsatec se habían eliminado también unos 300 empleos de los 600 que estaban previstos inicialmente.

La situación creada es totalmente atípica y pone en cuestión la dificultad de casar los ritmos económicos de las empresas con los ritmos judiciales, más lentos, en una economía que se mueve a velocidad de vértigo.

Pero además de la problemática derivada de las diferentes sentencias, en el fondo subyace la apuesta de la empresa, según los sindicatos, por la precariedad pues un informe de la Abogacía del Estado permite a Tragsa contratar como temporales a los mismos trabajadores que despide. Esa posibilidad y el hecho de que Tragsa haya contratado a 1.155 eventuales en 2015 mientras proyectaba despedir a 1.336 fijos es la demostración de una “gran mentira”: “No existe un problema de producción, sino que se trata de filosofía empresarial”, protestan los representantes sindicales.

Buena parte de los 555 despedidos son trabajadores con 20 años de antigüedad y rondando los 50 años de edad que la empresa quiere sustituir por otros más baratos, aseguran los sindicatos.

Tragsa es un grupo de empresas que forma parte del grupo empresarial público español Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tiene como base a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., que da nombre a la sociedad, la matriz fundada en 1977 para la ejecución de obras y servicios de desarrollo rural, conservación medioambiental y actuaciones de emergencia.

Estos dos últimos aspectos, medio-ambiente y emergencia, le hicieron pasar al primer plano de la actualidad con motivo del accidente marítimo del buque Prestige pues fueron los trabajadores de Tragsa los principales encargados de eliminar los restos de petróleo, el famoso chapapote, que contaminaron las costas de Galicia y la Cornisa Cantábrica.

Como se recordará el grupo Tragsa presentó un ERE para 1.336 trabajadores en 2013 en base a los malos resultados de 2012. El expediente fue inicialmente anulado por la Audiencia Nacional en abril de 2014 y posteriormente autorizado, en octubre de 2015, por el Tribunal Supremo.

Ahora, la empresa con la mitad de los despidos hechos, quiere negociar el ERE de nuevo.

Audiencia Nacional. El grupo público Tragsa, controlado por el INI en un 51%, presentó en 2013 sendos expedientes de regulación de empleo (ERE), para la matriz y la filial Tragsatec, para despedir a 726 y 601 trabajadores. En total, 1.336 personas acogiéndose a las prerrogativas de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP. La Audiencia Nacional anuló el ERE en abril de 2014 y condenó a la empresa a readmitir a los despedidos.

Tribunal Supremo. El pasado mes de octubre el Alto tribunal avaló el ERE. Con el fallo en las manos, la dirección de Tragsa presentó el último día de 2015, cartas de despidos a unos 555 trabajadores, según fuentes sindicales.

555

trabajadores del grupo Tragsa ven sus trabajos en el alero con la última versión del ERE presentado por la empresa pública española.