vitoria - El Gobierno Vasco aprobó ayer el anteproyecto de ley de Empleo Público, que tras más de un año de consultas con instituciones y agentes sociales inicia la travesía parlamentaria con vistas a convertirse en ley a lo largo del año que viene. La nueva regulación busca reducir la elevada temporalidad en la administración, para lo que abre distintas vías para que los interinos y el resto de empleados públicos sin plaza fija puedan aprovechar su experiencia para consolidar su puesto de trabajo en una oferta de empleo.

Se trata de primar al personal que ya está trabajando en la administración para aprovechar las capacidades y conocimientos acumulados, una ayuda que se concreta en el proyecto de ley a través de dos fórmulas. Por un lado, los trabajadores interinos y laborales temporales podrán acreditar su experiencia en una Oferta Pública de Empleo (OPE) siempre que opten al mismo puesto de trabajo que sale a concurso. Así, tendrán una “valoración específica, diferenciada y complementaria” a la “valoración de la experiencia general” en la administración que convoca la oferta, indica el anteproyecto elaborado por Lakua.

La nueva ley afecta a 110.000 trabajadores públicos de la CAV, incluyendo Gobierno Vasco, diputaciones forales, ayuntamientos y UPV/EHU, de forma que la articulación concreta de esta valoración extra dependerá de cada institución y de cada proceso de selección.

Como segundo mecanismo, el anteproyecto permite a las instituciones vascas que convoquen “turnos diferenciados de acceso” para interinos, un camino especial para que los empleados con experiencia obtengan la plaza. En este caso, Lakua fija como requisitos haber trabajado al menos ocho años en el puesto que sale a concurso, además de una tasa de temporalidad de al menos el 40% en la rama profesional en cuestión. Este sistema de acceso rápido consistirá en una sola prueba práctica relacionada con las tareas habituales del puesto, si bien las plazas que se ocupen por este camino no podrán ser más del 60% del total de puestos que se oferten en.

El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, destacó que el objetivo es atajar las elevadas tasas de interinidad que existen en algunas categorías profesionales “sin descapitalizar el conocimiento y las destrezas adquiridas durante años de trabajo por parte del personal interino”.

El empujón a los trabajadores con menor seguridad del sector público está en sintonía con las demandas de los sindicatos, que aunque no han dado su apoyo al anteproyecto ven en este punto un avance. De hecho, una de las principales reivindicaciones sindicales en el conflicto de Lanbide tenía que ver con el futuro de los trabajadores sin plaza, que finalmente fue resuelto con satisfacción para la mayoría de los representantes de la plantilla.

En todo caso, la cuestión encierra una gran complejidad legal ya que en una oposición todos los candidatos deben partir con igualdad de oportunidades, motivo por el que el área de Función Pública ha tenido que hilar fino en la redacción del anteproyecto. El sistema puede dar lugar a críticas puesto que beneficiar a unos, en la práctica, supone perjudicar a otros. En este sentido, quien no tiene experiencia en el sector público sería penalizado en un contexto de gran incertidumbre y precariedad en el mercado de trabajo en el que, como ha quedado patente en la reciente OPE de Osakidetza, la demanda de empleo en la administración es cada vez mayor.

mesa de negociación general Por otro lado, el proyecto de ley prevé la creación de una mesa de negociación colectiva para toda la CAV, en la que estarían representadas todas las instituciones y su representación sindical. Sería un foro con función más de coordinación que de negociación de condiciones de trabajo, que seguirían fijándose en cada nivel institucional.

Como ya se había anunciado, el texto aprobado ayer amplía de 18 a 20 semanas el permiso de maternidad y de 28 a 32 días el de paternidad. Además, abre la puerta a que cada institución, con criterios comunes para toda la CAV, instaure sistemas de evaluación del rendimiento de cada trabajador, de manera que el personal funcionario o laboral pueda ascender y mejorar sus condiciones sin cambiar de puesto de trabajo. En una primera redacción, el borrador incluía también esta novedad en sentido contrario, es decir, una evaluación negativa suponía una reducción salarial, un punto que fue retirado del anteproyecto ante las quejas sindicales.

ELA denunció que la ley consolida la “enorme privatización y subcontratación” que existe en el sector público y supone la aplicación de la reforma laboral en la administración, por lo que pide el rechazo de los partidos en el Parlamento.

Interinos. El anteproyecto de ley de Empleo Público incluye dos fórmulas para ayudar a los interinos a lograr la plaza fija. Por un lado, se tendrá en cuenta su experiencia a la hora de ser puntuados en una OPE para acceder al puesto en el que ya trabajaban, y por otro se crean exámenes especiales para quienes tengan al menos ocho años de experiencia.

Mesa general. Si se aprueba la ley en el Parlamento, se creará una mesa general en la CAV en la que se coordinarán las plantillas de cada administración, aunque las condiciones de cada una se fijará en cada nivel administrativo. También se crea una comisión de coordinación del empleo público.

Ascensos. Cada institución puede crear sistemas de evaluación del rendimiento de sus empleados, que podrán mejorar sus condiciones sin cambiar de plaza. No habrá reducción de condiciones.