BILBAO - Justo cuando el sector naval vasco deja atrás la tempestad de la anulación del tax lease y su efecto multiplicador de la crisis, el Tribunal de Justicia Europeo da la razón al Estado español en torno a la legalidad de las ayudas a la construcción de barcos. Los jueces estiman que no había trampa en el mecanismo de financiación que pusieron en el disparadero los astilleros holandeses y cuya denuncia cogió como bandera el anterior comisario europeo de Competencia, el socialista vizcaino Joaquín Almunia. La Comisión Europea terminó anulando el sistema en 2013 y exigió la devolución de los incentivos fiscales.
La sentencia, conocida ayer, libra de devolver algo más de 126 millones de euros a las empresas que financiaban la construcción naval en el Estado. Despeja asimismo el horizonte para el nuevo sistema, que ya está facilitando la contratación de buques tras tener un primer encontronazo con la competencia holandesa, saldado por cierto a favor de los intereses españoles también por el Tribunal de Luxemburgo.
Las compañías que participan en la financiación de los astilleros -básicamente multinacionales (Inditex, ha salido en la foto de varias botaduras) y bancos (uno de los más activos es el Santander)- podrán abrir más la mano porque no tendrán que devolver las bonificaciones fiscales de las que disfrutaron, por lo que tendrán más dinero disponible, y contarán con el aliciente de saber que el modelo tiene el respaldo de la Justicia comunitaria.
“Daños y perjuicios” La sentencia, también supone, si se quiere, una victoria moral para el sector y el Gobierno español. Sin embargo, sus efectos van poco más allá. El daño está hecho y será complicado que los astilleros vascos logren el resarcimiento que ayer exigieron. Poco después de conocerse el fallo, el Foro Marítimo Vasco anunció que estudiará acciones legales para que se “reparen los daños y perjuicios causados al sector naval privado vasco y español”. El Gobierno Vasco, que aplaudió la decisión judicial, ha convocado para hoy una rueda de prensa en la que se espera una gran contundencia por parte de la consejera Arantza Tapia y un mensaje alineado con el del sector.
El varapalo judicial a la decisión del equipo de Joaquín Almunia supone un espaldarazo a la implicación de la Administración vasca en defensa de los astilleros, con quien ha buscado espacios de “coordinación” para dinamizar la actividad. También queda en buen lugar el Gobierno de Mariano Rajoy, que presentó el recurso, pese a las dudas que despertaba en el sector la posibilidad de que el enfrentamiento se alargara y se prolongara la inestabilidad.
Esta sentencia favorable entierra aquellos recelos. En esa línea, la patronal española de los astilleros (Pymar) valoró la “unidad” mostrada por todas las administraciones implicadas -España, Euskadi, Galicia y Asturias- y agradeció la “coordinación” de las agrupaciones sectoriales de cada comunidad: “Se actúo con cohesión frente a un tratamiento discriminatorio por parte de la Comisión y ante una sentencia arbitraria e injusta”.
El papel de almunia En cambio, el papel que ha jugado Joaquín Almunia queda más que en entredicho. Su predecesora en el cargo, Neelie Kroes, consideraba que el sistema de tax lease español no distorsionaba la competencia y fue Almunia al sustituirla el que personalmente asumió el peso del proceso en el que finalmente se declararon ilegales las ayudas. Rozando la ironía, cabe interpretar que mientras que Kroes, una eurocomisaria holandesa, no vio las irregularidades que denunciaban los astilleros de su país, el exlíder del PSOE tiró piedras sobre su propio tejado con cierta arbitrariedad, como demuestra la sentencia de Luxemburgo dos largos y duros años después.
La sucesora de Almunia, la danesa Margrethe Vestager, será la encargada de decidir si la Comisión Europea recurre en casación la sentencia ante el Tribunal de Justicia de la UE o deja que corra el agua. Tiene un plazo de dos meses para hacer una cosa u otra. Algunas miradas se volvieron ayer contra el excandidato a la presidencia de los socialistas. Entre ellas la del presidente de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, que afirmó que “España tenía razón y el comisario Almunia no”, por lo que alguien debería “asumir las responsabilidades”. En su momento, el Ayuntamiento de Vigo declaró a Joaquín Almunia persona non grata y ahora está en el ojo del huracán.
Sin tener ninguna relación, también se cuestionó la posición que tomó el socialista vasco en el litigio en torno a las denominadas vacaciones fiscales vascas. Entonces, desde Euskadi se le acusó de no defender los intereses de las diputaciones por afirmar en varias ocasiones que tenía que ser especialmente firme con las cuestiones ligadas con el País Vasco.
En el caso del tax lease, la cuestión se ha frenado tras dejar Almunia el Ejecutivo comunitario y Bruselas ha dejado de exigir a España que recuperara las ayudas. El Ministerio de Hacienda reconoció ayer que no había iniciado los trámites para la devolución y, al parecer, un asunto prioritario para Almunia ha pasado a un tercer plano con su sucesora.
Desde el Gobierno central y los sindicatos también se valoró positivamente la sentencia, que seguramente sorprendió a más de uno. De hecho, a pesar de que el nuevo sistema ya está en marcha, desde el Gobierno gallego se dejó abierta la puerta a recuperar el antiguo, una cuestión que no parece estar técnicamente sobre la mesa.
Al mismo tiempo que el sector analiza cómo reclamar una compensación a Bruselas, la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao, ha presentado una pregunta por escrito a la Comisión Europea para conocer si prevé compensar al sector naval afectado por los “graves daños generados”.
