París - España fue el país de la OCDE donde más disminuyó en términos relativos la presión fiscal con la crisis entre 2007 y 2014, sin embargo, subió en 2014 el doble que en la OCDE, 0,5 puntos, frente a los 0,2 puntos de la media de la OCDE.
La presión fiscal en España ha subido en solo 12 meses 0,5 puntos, frente a los 0,2 puntos de la media de la OCDE. Así, se sitúa este año en el 33,2% del PIB. El avance es fuerte, pero todavía está lejos de los niveles precrisis, cuando llegó a su máximo del 36,5%. Además, también se sitúa por debajo de la media de presión fiscal de la OCDE en 2014, del 34,4%.
Entre esos siete años, sólo otros dos países habían visto la presión fiscal bajar al menos tres puntos porcentuales: Israel (3,2 puntos, del 34,3% al 31,1% del PIB) y Noruega (3 puntos, del 42,1% al 39,1%).
La caída en España se produjo hasta 2009, cuando la tasa se situó en el 29,8%, ya que en 2011 había subido al 31,3%, en 2013 al 32,7% y en 2014 al citado 33,2%.
Las cinco décimas de incremento constatadas en 2014 constituyeron un aumento superior a las dos décimas de ascenso de la media de la OCDE, que se situó ese año en el 34,4%.
Los niveles más elevados se daban en Dinamarca (50,9%, 3,3 puntos porcentuales más que en 2013), Francia (45,2%, dos décimas más), Bélgica (44,7% igual que el año anterior) e Italia (43,6%, tres décimas menos).
En el extremo opuesto, los países con menor fiscalidad eran México (19,5%, dos décimas menos que en 2013), Chile (19,8%, dos décimas menos), Corea del Sur (24,6%, tres décimas más) y Estados Unidos (26%, seis décimas más).
En términos de distribución de la fiscalidad por niveles de administración, los autores del informe pusieron a España en una categoría de “país regional” en el que no hay ningún otro país. Los demás se reparten entre Estados “federales” o “unitarios”.
No obstante, España se asemeja a los federales, puesto que en 2013 (último año disponible) los impuestos destinados al Gobierno central representaban un 42,1% del total, los de las comunidades autónomas un 13,7%, los de los ayuntamientos un 9,9% y los de la Seguridad Social un 34%. - Efe