Madrid - El Ministerio de Hacienda español que dirige Cristóbal Montoro ha tenido que abonar directamente facturas a proveedores de algunas comunidades autónomas por importe de unos 7.785 millones de euros en lo que va de año, facturas que los ejecutivos regionales no han abonado por el mal estado de sus cuentas públicas.
Las Comunidades Autónomas que más facturas están siendo pagadas por Madrid son todas aquellas que en la pasada legislatura han estado gobernadas por el Partido Popular (PP), con la excepción de Catalunya.
En concreto, los pagos más elevados de facturas a proveedores satisfechas desde el Ministerio de Hacienda corresponden a la Comunidad Valenciana, con 2.699 millones de euros; Catalunya, con 1.476 millones de euros; Castilla La Mancha, 277 millones, y Murcia, 254 millones de euros. Todas ellas, según Efe, han sido apoyadas por Madrid a través del denominado FLA o Fondo de Liquidez Autonómica.
Si se examina el uso del Fondo de Facilidad Financiera se constata que también son territorios que han sido gobernados por el PP, como la Comunidad de Madrid, con 985 millones de euros, y Castilla y León, con 775 millones de euros, los que más han precisado de los dineros de Madrid para hacer frente a sus compromisos económicos.
Este apoyo financiero a territorios que ha gobernado con mayoría absoluta el PP no deja en buen lugar la gestión de las cuentas de la formación política del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pese al interés que están mostrando los populares en defender su gestión económica estos últimos años.
En concreto, el departamento dirigido por el ministro Montoro detalla que, en total, a lo largo del año 2015 y hasta agosto, se han atendido directamente facturas de proveedores de comunidades autónomas por importe de 7.785 millones de euros, cuyo destino, en más de un 88%, ha sido la financiación de gastos de sanidad, educación y servicios sociales.
Las CCAA han recibido durante los primeros ocho meses de 2015 un total de 23.600 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación puesto en marcha por el Gobierno. - DNA