El tratado de libre comercio EEUU-UE o la batalla entre Estados y multinacionales

En principio un acuerdo de tales características es positivo porque permitiría, según sus impulsores, dinamizar la economía, crear empleo e incrementar las exportaciones; amén de fortalecer la posición competitiva de las empresas europeas y norteamericanas frente a las asiáticas, en especial las chinas, pero ciertos puntos susceptible de ser incluidos en el acuerdo han levantado opiniones encontradas entre defensores y detractores del mismo. Para estos últimos lo que está en juego, y temen, es que las corporaciones multinacionales se impongan a los Estados.

De la forma que quede redactado el acuerdo definitivo se podrá deducir si las grandes empresas quedan por encima de las legislaciones gubernamentales o si estas siguen siendo el reducto final de la soberanía.

Los defensores del tratado señalan que el favorecimiento del libre comercio, históricamente, ha servido para impulsar la economía en el mundo pero ahora con la globalización acuerdos como el TTIP pueden ser la última frontera a superar por las corporaciones multinacionales para actuar por encima de las diferentes legislaciones nacionales.

Más crecimiento Las tesis favorables al acuerdo insisten en que facilitará el crecimiento económico, ayudará a generar empleo, liberalizando servicios y defendiendo al eje atlántico del creciente poder asiático personificado en China.

Para los detractores del acuerdo será una “constitución de las multinacionales” o un “caballo de Troya” que definirá un orden legal por encima de derechos sociales y medioambientales, derechos que están mucho más desarrollados en Europa que en Estados Unidos. Además critican el oscurantismo con que se desarrollan las conversaciones, algo que rebaten desde la Comisión Europea, aunque reconocer, como señala uno de los negociadores por parte de la Unión Europea, Ignacio García Bercero, que los documentos relacionados con las citadas negociaciones estarán cerrados al público durante 30 años no ayuda a generar confianza.

El tratado de libre comercio fomentaría la economía pues eliminaría o reduciría al mínimo los aranceles con se gravan las importaciones en un bloque y otro, pero como estos ya son muy bajos, por debajo del 3%, se supone que la principal ventaja del acuerdo es eliminar las barreras no arancelarias o sea la normativa que limita los intercambios comerciales.

Y aquí el miedo europeo es a la pérdida de derechos ya que, a juicio de sus detractores, no parece plausible que EEUU quiera asumir una legislación más garantista en el ámbito laboral, ni que Europa desee regular los servicios financieros como hiciera Barack Obama después del crack de 2008. Curiosamente ahora Estados Unidos regula más a la banca que la propia Europa.

Y un tema que levanta suspicacias a este lado del Atlántico es el temor a que el acuerdo elimine el principio de precaución que opera en la UE, por el que si existen dudas para la salud o el medio ambiente de un producto, este no puede comercializarse. En cambio en EEUU la normativa opera al revés: se retira el producto solo cuando existen pruebas fehacientes de que tiene efectos nocivos. Abolir este principio podría llevar a que productos hoy prohibidos en Europa, -el bloque más avanzado del mundo en seguridad alimentaria y medioambiental, (desde los modificados genéticamente o clonados, a pesticidas o medicamentos)-, tengan una puerta de entrada en la Unión Europea.

A ello hay que sumar otra exigencia de los lobbies estadounidenses: retirar las obligaciones de etiquetado y de denominación de origen, ya que alegan que afecta a la libre competencia; así, el consumidor tampoco podría saber si estos productos contienen materias dudosas (transgénicos) o determinar el origen concreto.

La apertura de los servicios sanitarios y de educación o el agua, las políticas de protección de datos (comercializar con la privacidad de los consumidores), el aumento del poder de las patentes y de la propiedad intelectual, o el hecho de que en protección laboral Estados Unidos no haya ratificado 70 convenios, algunos fundamentales, de la Organización Mundial del Trabajo, entre otras aristas, siguen siendo asuntos sin aclararse. Aunque en el mandato que está negociando el Parlamento Europeo y que se votará el próximo día 29 de junio se contempla fijar barreras para que estos temas queden garantizados en Europa.

El tribunal de la discordia Pero un punto que ha levantado ampollas es la posibilidad de que la Unión Europea y Estados Unidos incluyan en el tratado un Acuerdo de Cierre de Disputas entre Estados e Inversores (Investor-State Dispute Settlement, ISDS). El llamado ISDS implicaría una subversión de los procedimientos de toma de decisiones por los órganos de representación de la voluntad popular y un cuestionamiento de la capacidad de jueces y tribunales para aplicar la ley a los inversores extranjeros. Este acuerdo facilitaría a las corporaciones estadounidenses llevar a juicio a los gobiernos cada vez que estos hagan algo que no les guste porque dañen sus beneficios, según fuentes del Observatorio Europeo de las Corporaciones.

El premio Nobel de economía estadounidense Joseph Stiglitz considera que “estos acuerdos van mucho más allá del comercio, ya que también rigen sobre la inversión y la propiedad intelectual, imponiendo cambios fundamentales a los marcos legales, judiciales y regulatorios de los países, sin que se reciban aportes o se asuman responsabilidades a través de las instituciones democráticas”.

Las negociaciones, postergadas en varias ocasiones, arrancaron definitivamente en enero de 2013 tras el discurso del Estado de la Unión de Barack Obama. El mismo día en que el presidente estadounidense proclamaba ante el Congreso su intención de poner en marcha las negociaciones, Bruselas aceptó la propuesta.

Mercado. Un tratado de libre comercio crearía un mercado de 850 millones de consumidores. Un mercado que concentra el 46% del Producto Interior Bruto mundial, el 57% de las inversiones globales y un 25% de las exportaciones

Beneficios. El TTIP generaría unos beneficios para Europa de unos 119.000 millones de euros.

0,5%

Es lo que aumentaría el Producto Interior Bruto de la UE con un tratado de libre comercio con USA.

Gracias al TTIP habrá creación neta de empleos en la Unión Europea. Según la Comisión Europea, defensora del acuerdo, unos 400.000 nuevos puestos de trabajo, de ellos cerca de 150.000 en el Estado español, en teoría uno de los grandes beneficiados. Los detractores del Tratado consideran que podrían perderse al menos 430.000 empleos con la nueva competencia que llega desde EEUU.

El tratado generaría en una primera fase, según sus impulsores, un beneficio económico de 119.000 millones de euros en la Unión Europea y de unos 95.000 millones de dólares en la de Estados Unidos.

La intervención en las disputas para defender al inversor de un tribunal de arbitraje privado o ISDS, (Investor State Dispute Settlemen) es una de las bestias negras del acuerdo para los detractores. Se trataría de crear tribunales ad hoc privados que darían pié a las compañías multinacionales a demandar a los Estados incluso por pérdidas futuras por expropiaciones indirectas. Un ejemplo: una tabacalera puede demandar a un Gobierno que democráticamente prohiba el consumo de tabaco por razones de salud. Ya ha pasado en Uruguay y Australia. También en Egipto se ha demandado al Estado por elevar el salario mínimo lo que ha reducido los beneficios estimados de una firma. La CE señala que se trabaja para fijar garantías que eviten que la soberanía popular quede cuestionada de extenderse las demandas de las corporaciones a órganos ajenos a la justicia ordinaria.

El Tratado permitiría a empresas de ambos bloques a optar a licitaciones públicas tanto en Europa como en Estados Unidos. Curiosamente esto favorece a Europa porque los norteamericanos son más restrictivos. Los contrarios al acuerdo señalan que las multinacionales desplazarán a las pequeñas compañías locales.

La Unión Europea afirma que no se rebajarán los estándares comunitarios, más altos que los norteamericanos. Pero la realidad es que no se ve cómo la poderosa industria de Estado Unidos de productos transgénicos modificados genéticamente (maíz principalmente), al igual que su productores cárnicos que utilizan hormonas para el engorde del ganado iban a renunciar al gran mercado europeo si se eliminan barreras administrativas. Un dato: Europa prohibe unos 1.400 productos químicos y USA apenas una docena. Un tema clave es que en Europa se sigue el principio de precaución que implica que hasta que un producto o práctica no prueba que es inocua está limitada, en cambio en EEUU es al revés, todo se permite salvo que se demuestre que es nocivo.

Un acuerdo de libre comercio permitiría a las empresas europeas crecer en el campo de las energías renovables en tierras norteamericanas pero Europa podría abastecerse de gas estadounidense ya que EEUU es el principal productor de gas extraído mediante técnicas de fracking, técnica que los detractores temen que se extienda a Europa sin que haya sido aprobada expresamente en los países de la UE.

Lograr armonizar dos modelos laborales tan distintos no sería fácil. La UE ha prometido que no se rebajarán los estándares laborales pero, en teoría y por ejemplo, sería posible realizar obras en Europa por empresas norteamericanas con leyes laborales estadounidenses lo que podría desplazar a las europeas con costes mayores porque España ha ratificado 133 convenios de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) y Estados Unidos solo 14 pero además el país de Obama limita la negociación colectiva y el derecho a la huelga de los trabajadores.

Estados Unidos quiere incrementar en el tratado la protección a la propiedad intelectual de las empresas, con el ojo puesto entre otros, en la copias ilegales de la poderosa industria del entretenimiento, (películas, música, libros) y de software pero no tiene el mismo celo que la Unión Europea a la hora de defender la privacidad del consumidor en internet mediante una avanzada normativa de protección de datos. En Estados Unidos los datos confidenciales de los usuarios son utilizados por empresas como Google, Facebook, etc.

Los tribunales arbitrales, según los detractores, podrían servir a las grandes corporaciones para demandar a los Estados si implantan medidas medioambientales que generen, por ejemplo, un lucro cesante a las compañías. La CE insiste en que se controlará este tema.

Tras la quiebra de Lehman Brothers, Estados Unidos ha introducido más elementos de regulación del sector financiero que la propia Europa y no parece querer introducir este tema en el acuerdo y no modificar la Ley Dodd-Franck de reforma de Wall Street y protección al consumidor. Y Europa no quiere establece algo similar con lo que en principio este tema queda fuera de las negociaciones.