bilbao - La ley de mutuas aprobada por el Gobierno español a finales del año pasado centró las protestas organizadas ayer por los sindicatos vascos con motivo del Día de la Salud Laboral. En diversos actos y movilizaciones, las centrales denunciaron que la ley da “más poder” a las mutuas a la hora de conceder y denegar las bajas lo que, según advierten, es un paso en dirección a la “privatización” y el “deterioro” de la sanidad pública.

La nueva normativa, que entró en vigor de manera definitiva el pasado 1 de enero, abre la puerta a las mutuas a actuar desde el primer día de baja laboral. Entre otras novedades, se les permite formular propuestas de alta al médico de los servicios públicos de salud, que deben aceptar o rechazar la petición en cinco días. En caso de respuesta negativa, la recomendación pasa a los médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que cuenta con un plazo similar para pronunciarse. Además, las mutuas pueden realizar controles médicos a los empleados de baja, quienes en caso de ausencia al mismo deben justificar “debidamente” el motivo para no ver retirada su prestación.

La decisión final sobre el alta depende en todo caso del médico, pero las mutuas ven reforzado su papel. El objetivo de la ley es reducir el absentismo y las bajas injustificadas, pero las organizaciones sindicales, que ven reflejados en la reforma los intereses de los empresarios, creen que se perjudica de forma indiscriminada la salud de todos los trabajadores.

Leire Txakartegi, responsable de salud laboral de ELA, denunció que las mutuas “hacen el trabajo sucio de las empresas” y criticó que la administración “da cada vez más poder” a la patronal. En este sentido, Txakartegi indicó que las mutuas “han entrado a gestionar las contingencias comunes en muchas empresas” a raíz de la nueva ley, que según la sindicalista es “un paso más en la privatización del sistema público de salud” y supone “dejar en manos de la patronal la protección de la salud de la clase trabajadora”, señaló en una manifestación en la que participó el líder de ELA, Adolfo Txiki Muñoz.

Por parte de CCOO-Euskadi, Alfonso Ríos coincidió en que es “escandaloso” que las mutuas, “después de hacer una propuesta de alta a Osakidetza, sean las que van a decidir si pueden extinguir la prestación” por baja. Ríos lamentó en una asamblea organizada en Bilbao que las mutuas tienen “cada vez más competencias” en la gestión de las enfermedades profesionales, lo que “ataca también directamente a la sanidad pública” y supone “una privatización”. El secretario general de CCOO-Euskadi, Unai Sordo, advirtió de que el control de las contingencias comunes por parte de las mutuas “puede dualizar la sanidad” con “una sanidad para activos y otra para pasivos como elemento previo al deterioro de la sanidad pública”. Sordo criticó la semana pasada que el Gobierno Vasco “no denuncie invasión competencial” en este caso, en el que “se quitan competencias a la sanidad pública”.

El líder de UGT, Raúl Arza, afirmó que las mutuas se han convertido en “policías no sólo de los trabajadores, también de los servicios médicos”. “Las mutuas patronales están al servicio del acoso y el control a los trabajadores en baja y accidentados”, dijo.

“Están dando todo el poder a estas asociaciones de empresarios en contra de la salud de la clase trabajadora”, censuró Ibon Zubiela, de LAB, y reclamó “un modelo de salud universal, participativo y de calidad” que no se rija por “criterios economicistas”.

accidentes Las centrales también pusieron el acento en que la precariedad y la subcontratación sientan las bases para que repunte la siniestralidad laboral, y denunciaron que en muchos casos las enfermedades permanecen ocultas por el miedo a denunciarlas. Según Osalan 30 personas murieron en su trabajo en la CAV el año pasado, dos de ellos en el trayecto hasta casa.

Más control. Tras la ley que entró en vigor el pasado 1 de enero, las mutuas pueden controlar la baja laboral desde el primer día, y no desde el decimosexto como sucedía anteriormente.

Propuesta de alta. La mutua puede proponer el alta a los servicios médicos del sistema público de salud, que debe pronunciarse en cinco días. En caso de que rechace el alta o no se pronuncie, la petición pasa al INSS, que cuenta con un plazo de cuatro días.

Reconocimientos. Las mutuas pueden llamar a reconocimiento médico desde el primer día de baja, y en caso de ausencia el trabajador debe justificarla “debidamente” en cuatro días.

Sueldos. La ley fija un límite a la retribución del director gerente de la mutua similar al resto de directivos del sector público empresarial: 55.000, 80.000 y 105.000 euros al año en función de cada mutua.