BILBAO. Integrantes de estas organizaciones han ofrecido una rueda de prensa en Bilbao, acompañados de su abogada Jone Goirizelaia, tras las declaraciones ante el juzgado el pasado día 16 del expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces y el abogado Rafael Alcorta como imputados por los pagos supuestamente irregulares, por importe de 243.592 euros, del banco vasco a Cabieces.
Un día después comparecieron como testigos Fernando López de Eguilaz, director de Recursos Humanos del banco, y Roberto Moll, director de los servicios de autoría interna y encargado de supervisar el informe que el banco elaboró para que sirviese de base de la denuncia que realizó Kutxabank.
Para el próximo 22 de mayo, están previstas las declaraciones del director de Negocio, Ignacio Sánchez Asiaín, y uno de los responsables del área de Recursos Humanos, Diego Rekondo.
A juicio de los sindicatos y organizaciones que conforman la acusación popular, "el caso Cabieces es una demostración clásica del funcionamiento de las puertas giratorias en beneficio de algunos políticos". "Y, en este caso, mientras no se demuestre lo contrario, sin prestación laboral alguna", ha señalado su portavoz, Urtzi Ostolaza, que, además, ha denunciado que "el trato de favor y el presunto fraude a Kutxabank es una decisión política de quienes han decidido privatizar las cajas vascas y Kutxabank".
En este sentido, los colectivos de la acusación popular afirman que no tienen "ninguna duda" de que PNV, PP y PSE, "impulsores del proceso de privatización" de Kutxabank, "están detrás de esta decisión y que el trato de favor a Cabieces era parte de las ventajas partidistas que estos partidos obtienen con esa estrategia de vender el banco al capital privado".
Asimismo, han explicado que, en función de una "prueba documental" en la que "uno de los testigos asegura que la orden para ejecutar dicha decisión fue de Mario Fernández", induce "razonablemente a pensar que los 5.000 euros que percibía el exdelegado del gobierno no correspondían a trabajos concretos realizados por él, y que el papel del despacho de Rafael Alcorta era una mera coartada para justificar los pagos".
Asimismo, consideran que el responsable del servicio de auditoría interna, Javier García de Lurueña, "conocía la situación de los pagos irregulares a Mikel Cabieces y no hizo nada para evitarlo". "La decisión de realizar la auditoría puede ser, por tanto, un intento de cubrirse las espaldas por parte de quien suena con muchos boletos como próximo consejero delegado de Kutxabank", han señalado. Por este motivo, han solicitado su declaración como testigo.
Además de la declaración de nuevos testigos que "puedan confirmar que la situación irregular de Mikel Cabieces era de conocimiento de las personas que formaban parte de la Comisión Ejecutiva", la acusación popular también ha pedido una segunda auditoría realizada por los servicios de auditoría del banco con el objetivo de "conocer cómo se han resuelto las dudas que generaba la primera auditoria".
Asimismo, ha reclamado que "se justifiquen los teóricos trabajos realizados por Mikel Cabieces, que se pagaban a razón de 5.000 euros mensuales", y que se investigue cuál ha sido "la utilización real" de la oficina asignada al exdelegado del Gobierno.
"Lo que ha sucedido con Mikel Cabieces es, a nuestro entender, un ejemplo de libro del, para algunos, lucrativo negocio de las puerta giratorias", han insistido. En este sentido, han criticado que "banqueros y empresarios deciden las políticas públicas y colocan a quienes toman las decisiones en sus empresas cuando cesan en su función".
"NO ES UN CASO UNICO"
"Esto que ha salido a la luz por posibles disputas de poder deja la sospecha de que no se trata de un caso único. Por eso, nos hemos personado en la causa para que salgan a la luz todas estas cuestiones y los responsables políticos y gestores paguen las consecuencias", han asegurado.
A su entender, la "privatización" de las cajas vascas está siendo "el caldo de cultivo para propiciar que todo tipo de tratos de favor, clientelismo partidista y liquidación de activos en beneficio del capital privado se produzca". "Es un camino que las cajas vascas no tenían ninguna necesidad de hacer y que nunca debían haber realizado", han indicado.
Por ello, han exigido que, "de inmediato", las acciones de Kutxabank en manos de las Fundaciones bancarias "sean devueltas a las entidades públicas fundadoras", que se potencie "el carácter público y social" de Kutxabank y que se adopten las medidas políticas y legislativas precisas para crear "un banco público vasco".
