Cabieces y Fernández declararán este jueves por el pago de 243.592 euros

A mediados de febrero esa magistrada decidió incoar diligencias previas y citar a los imputados y a los testigos para aclarar la causa que sigue su vía judicial.

La jueza tomó esa decisión tras valorar las declaraciones que los ahora imputados realizaron ante la fiscal Carmen Adán del Río durante las diligencias de investigación y teniendo en cuenta la documentación aportada. Según el auto remitido entonces, la jueza entiende, en base a las pruebas, que puede haberse cometido un delito de administración desleal o bien apropiación indebida, al haber existido, presuntamente, “una disposición de los bienes administrados que excedía de las funciones propias del cargo, no justificada, y que causó un perjuicio económico a la sociedad en beneficio de un tercero”. También considera que se puede haber incurrido en un delito de falsedad en documento mercantil “en relación con los documentos utilizados para servir de soporte a las salidas de dinero de la sociedad”.

El jueves comenzará el juicio. Los testigos están llamados a declarar un día después que los imputados, el viernes. Son Fernando López de Eguilaz, director de Recursos Humanos del banco, y Roberto Moll, director de los servicios de autoría interna y encargado de supervisar el informe que el banco elaboró para que sirviese de base en la información que remitió a la Fiscalía.

El consejo de administración de Kutxabank decidió escasas fechas después de conocerse el auto de la magistrada que no se personará en la causa. Gregorio Villalabeitia, sucesor de Fernández al frente del banco, explicó en su única comparecencia pública hasta la fecha que Kutxabank quiere “distanciarse” del caso y dejar que la Justicia siga su curso una vez que “ha cumplido con su deber” de informar al Banco de España, al BCE y a la Fiscalía de las “irregularidades” detectadas en el contrato del político socialista.

“Hemos cumplido nuestra obligación acatando las órdenes del supervisor, pero personarse en la causa no es una obligación, es un derecho. No hemos denunciado a nadie, fue la Fiscalía la que informó al juez, y creemos que, una vez compensado el quebranto nos conviene distanciarnos. Pese a ello, no renunciamos a defenderemos con uñas y dientes de las amenazas para la credibilidad de la institución”, repasó a finales de febrero el sucesor de Fernández. Entiende que ese quebranto ya no existe porque los 243.592 euros fueron devueltos. Los puso, de su bolsillo, el propio Mario Fernández.

De esta forma en el lado de la acusación queda la Fiscalía, pero no estará sola. Entre otros por ejemplo, la Diputación foral de Gipuzkoa anunció hace escasas fechas que sí se presentará como acusación particular, porque, explicó, “no cabe ocultar irregularidades, ni pretender acallar el caso y seguir actuando como si nada hubiera pasado”. Lo cierto es que desde que se conoció esta supuesta irregularidad, el asunto ha saltado a la arena política.

‘Pacto de Estado’ El caso lo destapó el pasado 30 de enero el propio banco a través de un escrito enviado a los medios. En él se informaba de una supuesta irregularidad que trasladaba a la Fiscalía a petición del regulador. Un desfase que supuso un coste de 243.592 euros para el banco y en el que estaban implicados el ex delegado del Gobierno español en la Comunidad Autónoma Vasca, Mikel Cabieces, y el expresidente de la entidad, Mario Fernández.

En el fondo del asunto se encontraban los pagos que el banco realizó al exdelegado y que se gestionaron a través del despacho de abogados de Rafael Alcorta. Se hizo mediante un incremento del acuerdo de iguala que ya mantenía la entidad con el bufete. Ese aumento de los costes se destinaba, presuntamente, al sueldo que recibió Cabieces. Kutxabank alertaba de que, presuntamente, el coste por los trabajos prestados por el bufete aumento sin que, aparentemente, los servicios crecieran.

La Fiscalía llamó a declarar a los implicados. Mario Fernández dio entonces una versión de lo ocurrido a través de un comunicado. Según su relato, para dar su visto bueno a la contratación de Mikel Cabieces siguió las consignas de una “ley no escrita” que ha perdurado en Euskadi “con todos los gobiernos y todos los partidos durante los últimos 30 años”. Ese acuerdo tácito entre diferentes agentes, no solo partidos, tiene o tenía como fin ayudar a las personas que han estado “en primera línea de la lucha antiterrorista”, siempre según Fernández. Ese sería el caso de Cabieces que, tras ser delegado del Gobierno español, se quedó sin trabajo con la llegada de Mariano Rajoy y los populares al palacio de La Moncloa, a finales de 2011. Este diario informó entonces de que el anterior presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, y un consejero socialista del Gobierno de Patxi López fueron las personas que pidieron a Mario Fernández que facilitara una salida profesional al ex delegado del Gobierno cuando fue sustituido por el actual, Carlos Urquijo, en enero de 2012.

Esa colocación a dedo es la que más polémica ha suscitado en el terreno político, pero la vía judicial es independiente y en ella se pone en cuestión si los cobros que recibió Cabieces y que ha devuelto Fernández se correspondían o no a unos servicios prestados a la entidad.

En ese sentido, la defensa del exdelegado del Gobierno ha sostenido en todo momento que los pagos que realizó Kutxabank a su cliente estaban “justificados” por los servicios jurídicos que éste prestó a la entidad mientras estuvo vinculado al bufete de Rafael Alcorta y que el exdirigente socialista es un “daño colateral” de una guerra interna en la dirección del banco.

Las filtraciones ya publicadas indican que, en el momento de la salida de Fernández, éste vivía una situación tensa con algunos de sus máximos ejecutivos en el banco.

Villalabeitia explicó durante su comparecencia que fue informado la misma tarde en la que tomó posesión del cargo sobre el controvertido aumento de la iguala a un bufete de abogados para, supuestamente, financiar el salario de Cabieces.

Fue, supuestamente, el responsable de Recursos Humanos, Fernando López de Eguilaz el que informó al nuevo dirigente de Kutxabank, que se vio obligado a iniciar una auditoría interna que, fruto de los controles de la banca, llegó a los reguladores y acabó en la Fiscalía.

Fuentes consultadas dieron entonces por seguro que estas iniciativas no las pudo realizar el responsable de Recursos Humanos sin conocimiento previo de su superior, el director general corporativo de Negocio, Ignacio Sánchez Asiain. Este experimentado ejecutivo estuvo siempre en las quinielas para suceder a Fernández y con la llegada de Villalabeitia es muy posible que salga.

Finales de 2011. Con la victoria del PP en las generales, Mikel Cabieces fue sustituido y el PP y el PSE le propusieron a Mario Fernández buscarle acomodo laboral a través de Kutxabank.

2012-2014. Según Fernández fue el responsable de Recursos Humanos del banco el que le propuso contactar con un despacho de abogados con el que el banco ya tenía un acuerdo. Se incrementó la iguala para financiar el salario de Cabieces.

Noviembre de 2014. El mismo día en el que Villalabeitia relevó a Fernández el responsable de Recursos Humanos informó al nuevo presidente sobre la presunta irregularidad, que ya había sido finiquitada.

Abril de 2015. Este jueves comenzará el juicio tras verse Kutxabank obligada a informar a la Fiscalía en enero, después de activar una auditoría interna.