Bilbao - El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, envió un comunicado nada más conocerse la resolución de la Comisión de Ética Pública sobre la consulta que él mismo solicitó. En ella, el dirigente reconoció ayer “el error político de no haberle comunicado” al lehendakari Iñigo Urkullu “la existencia de una resolución judicial ya conocida y notificada” en la que resultó inhabilitado como administrador concursal “previamente a su nombramiento”. Dicha sentencia llegó el día anterior al anuncio del nombramiento de Toña como sustituto de Aburto al frente del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Pero según se recoge en el informe de la Comisión de Ética Pública, Toña explicó por carta al solicitar la consulta que para analizar el alcance de la sentencia habló con un abogado y otros profesionales. Tras realizar esas consultas concluyó que “el asunto no tenía relevancia” y por ello decidió no comunicárselo al lehendakari. En esa misiva enviada al comité ético, Toña ya admitió que tomó una decisión equivocada porque “el lehendakari hubiese podido valorar mejor que yo el alcance del hecho y por tanto tomar una decisión más informada sobre mi nombramiento”.

Ayer, en su comunicado, para evitar situaciones futuras, el dirigente se comprometió “públicamente” a desempeñar su cargo “con lealtad y transparencia observando siempre todos y cada uno de los principios recogidos en el Código de Conducta de los Cargos Públicos”.

Ángel Toña valoró “muy positivamente el dictamen emitido” por el comité y agradeció a todos sus miembros “las consideraciones, también críticas incorporadas, las recomendaciones efectuadas y la celeridad con la que han actuado para dar respuesta cuanto antes a la consulta realizada”.

Fue el propio consejero el que, tras hacerse pública la sentencia, un día después de tomar posesión en el Gobierno Vasco, decidió pedir a la comisión que emitiera un informe sobre su actuación y las posibles consecuencias derivadas en su nuevo cargo público. El consejero puso ayer en valor además “el hecho de que una comisión, garante de un comportamiento de ética pública, haya considerado que no ha transgredido los principios recogidos en el código”.

Cuestión que el dirigente recibió “con especial satisfacción a título personal”, por lo que supone “confirmar”, según añadió, que su actividad profesional “ha estado guiada por principios de ética profesional y transparencia”. - DNA