gasteiz - La querella presentada por la Fiscalía alavesa contra los impulsores del coche eléctrico Hiriko queda limitada de momento a seis empresarios, que según el fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, crearon un entramado societario para obtener parte del dinero público con que se financió el proyecto. Los querellados son los cinco administradores de Afypaida, la sociedad que lideró la operación y contra la que el fiscal también formula querella, y un sexto empresario representante de una de las firmas a la que se realizaron pagos indebidos. El fiscal subraya que el proceso queda abierto a la incorporación de otras personas o empresas a lo largo de la investigación judicial.
La Fiscalía Provincial de Álava hizo público ayer parte del contenido de la querella interpuesta ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Gasteiz, que en principio, y al margen de otras imputaciones que pueda hacer el juez, acota la responsabilidad penal del caso Hiriko sobre seis personas físicas. El fracaso del proyecto para fabricar y comercializar un coche eléctrico urbano, que recibió 17 millones de euros en ayudas públicas, inicia su curso por sede judicial una vez de que la fiscalía ha determinado que hay indicios de delito en la actuación de sus impulsores. El fiscal jefe de Álava entiende que los querellados, “sin experiencia, conocimiento ni experiencia” en el diseño de automóviles, pusieron en marcha el coche eléctrico, sufragado con fondos públicos, “para detraer parte de dichos fondos en su beneficio”.
Los señalados por el fiscal son Jesús Echave, Fernando Achaerandio, Iñigo Antia -concejal del PNV en Gasteiz entre 2003 y 2008- José Luis Bengoetxea, José Barreira y Francisco Javier Calera. A los cinco primeros se les señala como administradores de Afypaida, mientras que Calera figura como representante de Vilau Media, firma a la que se hicieron pagos por los que no prestó servicios, según Izaguirre.
A los seis se les atribuye, entre otros, los delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Crearon una red de sociedades que, si el proyecto tenía éxito, haría recaer sobre ellos los beneficios, mientras que, en caso de fracaso, las administraciones “no podrían recuperar los fondos”.
El fiscal detalla cuáles eran estas empresas a nombre de los querellados a las que se desviaban ayudas -14,7 millones salieron del Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero y 2,7 del Ejecutivo vasco-. Izaguirre explica, por ejemplo, que se alquiló un edificio propiedad de Echave para ser sede de Hiriko, y se contrataron obras “innecesarias” en el local.
Otras transferencias irregulares fueron a Launorte, “que no ha tenido nunca personal contratado”, o a Maser y BRW, a las que se contrata productos “que no se hacen”. El capital de estas sociedades se reparte entre los querellados, Afypaida y las propias empresas que integran la red. Afypaida era el “vehículo que recibe los fondos públicos y los distribuye” entre las mercantiles.
