Tapia no ve irregularidades con las ayudas públicas a Hiriko

Ambos dirigentes del Ejecutivo vasco expusieron ayer la postura del Gobierno tras conocerse que la Fiscalía de Araba ha presentado una querella criminal contra los promotores de Hiriko, con la sociedad Afypaida, presidida por el empresario Jesús Echave, a la cabeza por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, apropiación indebida, blanqueo de capitales y fraude a la Administración. La consejera Arantza Tapia detalló las ayudas concedidas por el Ejecutivo vasco al proyecto Hiriko y señaló que se repartieron durante tres años, 2010, 2011 y 2012, en el marco del programa de investigación Etorgai.

La consejera recordó que la de Hiriko era una iniciativa considerada de “riesgo” por lo que se analizaba al término de cada ejercicio si el proyecto había cumplido los objetivo marcados para abonar los pagos que insitió se hacían año a año. En concreto, Arantza Tapia indicó que en 2010 se otorgaron 817.128 euros; en 2011, 906.046 euros y en 2012, los últimos 927.229 euros. En este ejercicio no se ejecutaron 160.000 euros, afirmó la consejera, al no haberse cumplido con alguno de los compromisos marcados. La consejera vasca destacó que se ha hecho un “seguimiento exhaustivo de este proyecto” y de las ayudas concedidas y reiteró que “no se detectó ninguna irregularidad” ni “ningún problema”.

En este sentido resaltó que el proyecto Hiriko preveía la consecución de tres patentes, una realidad, que no se han perdido y recordó que la propia Fiscalía alavesa archivó ayer la investigación abierta para determinar si hubo un delito de alzamiento de bienes, como denunció EH Bildu.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, que acompañó a Tapia en la comparencia tras el Consejo de Gobierno, aseguró que, en todo caso, si existiesen “responsables criminales” en el caso del fallido proyecto Hiriko, dicha responsabilidad afectaría a los dirigentes de las empresas que recibieron los fondos públicos, ya que el Ejecutivo, tal y como relató Tapia, efectuó un seguimiento “exhaustivo” del dinero concedido a los promotores del proyecto y no detectó “irregularidad” alguna. El proyecto fallido de comercialización de un coche eléctrico urbano novedoso que ha costado algo más de 17 millones de euros -una cifra por cierto muy alejada de lo que cuesta desarrollar cualquier modelo de automóvil pues, por ejemplo, la compañía india Tata invirtió 280 millones en el desarrollo del Nano, un microcoche urbano de bajo coste- y su judicialización levantó un amplio debate político ayer.

El PNV en el Parlamento Vasco, fuerza que no ocultó su respaldo al proyecto Hiriko, “lamentó” que la querella llegue en periodo preelectoral y solicitó a la oposición que no instrumentalice el hecho con fines electoralistas. El jeltzale Luis Javier Tellería recordó a quienes “han querido culpar al PNV del fracaso de Hiriko” que su partido “no dio una sola ayuda al proyecto porque esa labor correspondió al Partido Socialista” cuando gobernaba en Euskadi y en España.

El diputado general de Araba, el representante del PP, Javier de Andrés, una de las personas que respaldó la presentación del Hiriko en Bruselas ante la Comisión Europea, señaló que espera que “el dinero que no se haya utilizado adecuadamente se revierta a quien corresponda”. La Diputación de Álava concedió 37.000 euros al proyecto, aunque la entidad foral ha “contrastado” que este dinero se destinó a la innovación, tal y como estaba previsto en la convocatoria de ayudas, y apuntó a la cuantía concedida por el Gobierno de Madrid. Por su parte, el PSE defendió la concesión de las ayudas pero criticó la gestión de los empresarios del proyecto pues algunos “pensaron que había barra libre”. EH Bildu criticó al PNV pues ve “clientelismo político” en el caso Hiriko.