La Fiscalía envía el caso al Juzgado y pide imputar a Fernández, Cabieces y Alcorta

Fuentes del propio Ministerio Fiscal informaron ayer de que la fiscal ha redactado un informe mediante el que ha remitido el caso a los juzgados de Bilbao. El informe también ha sido enviado a las partes. Según fuentes judiciales ajenas a la Fiscalía de Bizkaia citadas por la agencia Efe, la fiscal aboga por imputar a los tres implicados un presunto delito societario recogido en el Código Penal, según el cual cometerían este delito los administradores de una sociedad que falsearan las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios o a un tercero. Según las mismas fuentes, el delito societario tiene diversas variedades que conllevan penas de seis meses a cuatro años de prisión. En todo caso, no hay comunicación oficial sobre cuáles son las causas que han propiciado la decisión de la fiscal de elevar el caso a los Juzgados.

Lo que sí que es público es que esas supuestas irregularidades habrían generado un coste de 243.592 euros para el banco, cantidad que el propio Mario Fernández reembolsó al banco para que este “no sufra el menor perjuicio”, según declaró él mismo a través de un escrito enviado a los medios el pasado viernes. El 30 de enero, en el comunicado que destapó el caso, la propia Kutxabank explicó que ese importe ya había sido “íntegramente devuelto, por lo que el quebranto económico para la institución ha sido totalmente compensado”. Fernández y Cabieces declararon la semana pasada ante la fiscal, así como el responsable de Recursos Humanos de Kutxabank, Fernando López de Eguilaz. No así el abogado Rafael Alcorta que, sin embargo ahora podría ser imputado a instancias de la Fiscalía.

Kutxabank explicó en su comunicado que había informado primero a los reguladores (Banco de España y Banco Central Europeo) y después al Ministerio Fiscal, que tenía conocimiento de una “determinada actuación irregular” durante la presidencia de Mario Fernández. Esta actuación había sido “verificada” por una auditoría interna.

Más tarde se fue filtrando a la prensa el origen de esa irregularidad que podría acabar en un proceso judicial. El anterior presidente del PP en la CAV, Antonio Basagoiti, y un consejero socialista del Gobierno de Patxi López pidieron a Mario Fernández que facilitara una salida profesional al exdelegado del Gobierno español en Euskadi, el socialista Mikel Cabieces, cuando fue sustituido por el actual, Carlos Urquijo (PP), en enero de 2012 tras el cambio de Gobierno en Madrid. En ese momento, PSOE y PP, que previamente propiciaron con su acuerdo el acceso de Patxi López a la Lehendakaritza, buscaban reproducir su acuerdo, en virtud del cual el relevo del representante de Interior en Euskadi se acompañaba de una alternativa laboral. A ese mismo hecho se refirió Mario Fernández al ofrecer su versión de los hechos tras declarar ante la fiscal Carmen Adán.

Según su relato, para dar su visto bueno a la contratación de Mikel Cabieces siguió las consignas de una “norma no escrita” que ha perdurado en Euskadi “con todos los gobiernos y todos los partidos durante los últimos 30 años”. Fernández añadió más detalles, al admitir que “a principios de 2012 un líder del PP (partido que entraba en el Gobierno) en Euskadi, me llamó”. Aunque no lo citó, este diario adelantó que se trataba del entonces presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti.

En respuesta a la petición y dado que consideró lícita la participación del banco, el entonces presidente de Kutxabank aceptó una solución -sugerida, según afirmó el propio Fernández, por el responsable de Recursos Humanos del banco, Fernando López de Eguilaz- que no suponía la incorporación del exdelegado socialista directamente al banco pero permitía asegurar una salida profesional a Cabieces vinculada a la entidad, a través del bufete Alcorta & Asociados.

Ese despacho de abogados, al que Cabieces se unió tras dejar la delegación del Gobierno, ya prestaba servicios externos a Kutxabank. Pero la irregularidad consistiría en que esa incorporación del dirigente socialista supuso el ya conocido incremento de la iguala, de 243.000 euros, cantidad que, según lo filtrado, fue el salario mensual de 6.000 euros que el exdelegado del Gobierno en Euskadi percibió.

Ese acuerdo concluyó cuando Cabieces se incorporó a la cúpula del PSE de la mano de Idoia Mendia y acabó destapándose con el relevo de presidencia en Kutxabank. Gregorio Villalabeitia, sustituto de Fernández, pidió una auditoría sobre el asunto al tener conocimiento del mismo. Tras la auditoría, el regulador, el BCE, pidió informar al Ministerio Fiscal, como así hizo el banco.

Comisión de investigación EH Bildu volvió a insistir ayer en la petición de que se constituya en el Parlamento Vasco una comisión de investigación. Lo hizo el día en el que la Mesa de la Cámara admitió a trámite la proposición no de ley que registró al respecto. Una vez que se ha admitido a trámite, el Parlamento Vasco abrirá ahora un plazo de enmiendas y según fuentes de EH Bildu, los grupos podrían votar a favor o en contra de la misma en un Pleno en la primera quincena de marzo.

Hasier Arraiz, presidente de Sortu, declaró por la tarde que la coalición incluso estudia personarse como acusación particular en el caso ante la “extrema gravedad de la situación”. Arraiz se declaró convencido de que se trata de una práctica “habitual” en la política vasca, en la que están “involucrados” PNV, PSE y PP.

Horas antes de que se conociera la resolución de la Fiscalía de Bizkaia, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, eludió hacer declaraciones al respecto, argumentando que “no es oportuno” que el Ejecutivo especule sobre algo que se está investigando por el ministerio público. Sí habló en cambio de la posibilidad de crear una comisión de investigación en el Parlamento Vasco. Sobre ello, el consejero jeltzale dijo que “el Ejecutivo no va a condicionar una decisión que corresponde al Parlamento”, ya que según su criterio se trata de una decisión que se debe adoptar en la Cámara legislativa “en función de las mayorías que tenga y de la conformación de su propia opinión. En ese contexto, el Gobierno Vasco considera que lo más prudente es esperar”, insistió.

Erkoreka también opinó que las declaraciones del expresidente de Kutxabank y del exdelegado del Gobierno español son “claras, transparentes, contundentes y comprensibles por todo el mundo”.

La petición de iniciar esa comisión de investigación podría contar con el apoyo del PP, que el lunes dejó entreabierta esa vía en boca del diputado general de Araba, Javier de Andrés. Tampoco el PSE ha descartado del todo esa iniciativa. Según su portavoz en el Parlamento Vasco, José Antonio Pastor, su grupo decidirá “en su momento” apoyar o no esa iniciativa, aunque se mostró crítico con la forma en la que ha sido planteada por la coalición.

Para Pastor, es “poco riguroso mezclar” el contrato de Cabieces con el proceso de fusión de las antiguas cajas de ahorros de la CAV. A juicio del portavoz socialista, todo ello “pone en evidencia una intención nada oculta de Bildu de tratar de sacar rédito político de este asunto”.