GASTEIZ. Fuentes de estas entidades han confirmado a Efe que tienen un periodo de 20 días para presentar sus alegaciones y que están analizando el anteproyecto para concretar su contenido.
El consejero vasco de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gatzagaetxebarria, aseguró al aprobar esta norma que es una adaptación de la ley estatal sobre cajas de ahorro y fundaciones bancarias y que, en sus líneas generales, mantiene la actual regulación.
El consejero dijo que el texto establece el mismo seguimiento y control para las fundaciones bancarias que el que ha tenido hasta ahora el Gobierno Vasco con las cajas de ahorros vascas, pero en el anteproyecto se señala que el Ejecutivo de Vitoria se reserva establecer las "directrices generales" para "orientar" las principales necesidades de las obras sociales de BBK, Kutxa y Caja Vital.
No obstante, se añade que se hará respetando la "libertad de elección" de las fundaciones bancarias.
Aunque los responsables de las tres entidades aún no han determinado el contenido de sus alegaciones, y de hecho la BBK no decidirá hasta la próxima semana si las presenta finalmente ya que está estudiando "en profundidad" el texto de 57 páginas, podrían considerar que el Ejecutivo vasco se están extralimitando en sus funciones y que hay un excesivo intervencionismo en la obra social de cada una de ellas.
Fuentes de la Caja Vital han reconocido, no obstante, que el anteproyecto es una adaptación de la legislación nacional.
La nueva normativa establece además otros mecanismos de control como que las fundaciones que quieran hacer "adquisiciones y enajenaciones" que superen el 5 % del activo de la entidad necesitarán de una autorización del Gobierno vasco.
El texto señala asimismo que los activos de las fundaciones se invertirán "atendiendo a los principios de diversificación, seguridad, prudencia en la gestión de riesgos, transparencia y buen gobierno" y que, en cualquier caso, las inversiones inmobiliarias no podrán superar el 25 % del total de su patrimonio.
Una vez que concluya la fase de consulta pública y alegaciones, se redactará el proyecto de ley y a partir de ese momento comenzará la fase de tramitación parlamentaria, en la que también podrían producirse modificaciones en el articulado.
