Bilbao - El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Bilbao ha decidido suspender cautelarmente la aplicación en la CAV de una resolución en la que se establecen los requisitos de contratación con las agencias privadas de colocación de empleo, según informó ayer el Gobierno Vasco.
El Departamento de Administración Pública y Justicia celebró la decisión, que es provisional, recordando que recurrió la resolución estatal porque Euskadi tiene transferida desde 2010 la competencia en materia de políticas activas de empleo, que entendía que había sido violada por el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE.
El 17 de julio de 2014 la dirección del SEPE dictó que las citadas agencias se encargarán de intermediar en la inserción laboral de las personas desempleadas. Gasteiz recurrió la decisión y ahora el juzgado ha ordenado su suspensión cautelar hasta que falle definitivamente sobre la demanda de Lakua.
Por ello, cualquier decisión relativa a la mediación entre empresas empleadoras y personas desempleadas “le compete” por ahora al completo al Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, como antes.
El Gobierno jeltzale espera además que la decisión judicial final le dé la razón porque es “inadmisible” que el Ejecutivo central “pretenda usurpar, una vez más, funciones que no le corresponden, complicando los flujos financieros públicos, confundiendo a la ciudadanía, y generando ineficiencias en el servicio”.
El Gobierno Vasco denunció que el SEPE incluyese a Euskadi entre las autonomías en las que estas agencias podrán actuar, “ninguneando” la transferencia de 2010 en materia de Políticas Activas de Empleo.
Se trata del segundo recurso que presenta Euskadi en esta legislatura por vulneración de la transferencia en materia de políticas activas de empleo El anterior fue un recurso de inconstitucionalidad contra el ‘Plan Prepara’. - DNA
