bruselas - En Europa existe libre circulación de trabajadores y hay más de dos millones de puestos de trabajo vacantes, pero aún así la tasa de movilidad laboral está en niveles mínimos, apenas roza el 0,3%. Este preocupante dato lo ponía ayer la sobre mesa el consejero de Empleo y Políticas Sociales vasco, Juan Mari Aburto, durante el consejo de ministros de empleo y asuntos sociales de la Unión Europea celebrado en Bruselas. Aburto, encargado de trasladar la posición de todas las comunidades autónomas al resto de los Estados miembros durante el debate sobre la reforma de la red europea Eures -un portal sobre empleo creado en 1993-, advirtió que se trata de una herramienta “infrautilizada” hoy en día pero que espera mejore con la reforma pactada por los Veintiocho.

“Sobre un empleo débil no se puede construir una sociedad fuerte. La red Eures es un proyecto complejo que hace uso de diversas herramientas europeas dinámicas. La movilidad laboral puede generar importantes ventajas sociales y económicas para nuestras regiones”, defendió durante una alocución en euskera tal y como permite el reglamento desde 2005, año en el que fue aceptado el uso de las lenguas cooficiales en el consejo.

Según explicó, la nueva reforma pretende exprimir al máximo el uso de esta plataforma de empleo, de forma que se transforme en un “instrumento de intermediación más eficaz”, en el que se intercambie información sobre carencias y excedentes de mano de obra, en el que lo excepcional sea no publicar las vacantes que se producen en toda la Unión Europea y en el que se incluyan no solo las ofertas públicas de empleo sino que esté abierto a todos los prestadores de servicios.

Aburto destacó que existen también otros factores no regulatorios que complican la movilidad interregional y transnacional como la vivienda, el idioma, la posibilidad de encontrar un empleo para el cónyuge, los mecanismos de regreso o el reconocimiento que se da a la experiencia de movilidad, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Además, a su llegada a la reunión que pone el colofón a la coordinación que ha ejercido Euskadi, Aburto se refirió a la garantía juvenil y a la necesidad de elevar hasta los 30 años la posibilidad de beneficiarse de ella, tal y como dijo, reconoce el Comité Económico y Social.

“En nuestro caso creemos que la diferencia principal está entre la población de entre 24 y 30 años y queremos potenciar ese area”, reivindicó el consejero, urgiendo al ministerio español a transferir la gestión de “la garantía juvenil a las comunidades autónomas”. Se trata de otro de los elementos que figuran en la posición común pactada con el resto de comunidades autónomas.

“La aplicación de la garantía juvenil tiene un marcado carácter autonómico y local. Estimamos necesario un nuevo calendario que permita la participación de las partes interesadas nacionales y regionales el ejercicio del semestre europeo”, reivindicó el político jeltzale.