gasteiz - Los retrasos en el pago de las facturas y los largos periodos de plazo para cobrarlas perjudican claramente el estado financiero de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de tal manera que, según un informe de EAE Business School, la citada morosidad comercial ha propiciado el cierre de más de 400.000 empresas en el Estado español desde el inicio de la crisis en 2008, además de generar una menor competitividad de muchas empresas en relación a sus competidoras en la Unión Europea. Adicionalmente ha obligado en númerosos casos a las compañías a despedir a empleados ante la demora en el cobro. En concreto se estima que una de cada tres quiebras en España se debe al retraso en los pagos de las facturas.

Según el informe del Centro de Morosología de EAE Business School y la Plataforma Multisectorial de Lucha Contra la Morosidad (PMCM), en el caso del Estado español el período medio de pago de las facturas por parte del sector privado en el pasado año 2013 fue de 85 días, una cifra que está lejos de lo que establece la Ley de Morosidad que indica que los plazos para abonar las facturas no pueden superar los 60 días naturales, dos meses.

Con todo, los 85 días que se tardó en cobrar una factura el pasado ejercicio supuso una importante mejoría en relación al año anterior, en concreto un 8,6% menos respecto al periodo medio de pago de 2012, que fue de 93 días.

Un hecho real es la tremenda presión que sufren las empresas, fundamentalmente las pymes, por parte de las grandes corporaciones para aceptar acuerdos comerciales que les obliga a cobrar a plazos de más de 60 días. De hecho el 68% de las empresas del Estado español se ha visto en dicha tesitura con lo que se da la paradoja que las grandes compañías no sólo consiguen préstamos más baratos de las entidades financieras que las pymes sino que cargan sobre estas buena parte de su financiación. Situación que llega a casos extremos en algunas grandes constructoras o grupos de la distribución comercial.

Además, en caso de sufrir impagos, solo un 12% de las empresas exige habitualmente a sus morosos los intereses de demora devengados, frente al casi 75% restante que no lo hacen. El miedo a represalias y perder futuros contratos justifica dichos comportamientos ante la pasividad de las administraciones públicas afirman, en voz baja, numerosas pymes vascas, que reconocen que la normativa para paliar estos hechos existe pero no se cumple.

El estudio de EAE Business School muestra además que solo el 43% de los pagos de las empresas españolas se ha hecho respetando las condiciones pactadas con sus proveedores, lo que supone un coste directo para el conjunto del tejido empresarial de unos 2.815 millones de euros.

Y si en España se paga tarde y mal, otro dato importante es que, en las condiciones contractuales vigentes, el retraso medio en los pagos sobre el plazo estipulado firmado entre las partes fue de 16,95 días, la tercera mayor media por detrás de Portugal e Italia. Esta cifra es superior a la media europea de retraso de pagos, que actualmente se sitúa en 14,11 días. Por si fuera poco, el ratio de morosidad en 2013 en España (porcentaje de impagos respecto al total de facturación) se cifró en el 5,1%, porcentaje muy superior al de la media europea.

Portugal, con 31,74 días de retraso medio en el pago de las facturas, es el país de Europa donde se produce la mayor morosidad en las operaciones comerciales, seguido por Italia con 20,84 días e Irlanda con 17,25. Los países que presentan los retrasos en pagos más reducidos son Alemania con 6,39 días; Holanda, con 9,17 días; Bélgica, con 11,31 días y Francia, con 11,77 días.

Sanciones El responsable del informe, Pere Brachfield, concluye el estudio de EAE señalando que “para combatir la morosidad en la práctica empresarial, es necesaria la promulgación de un régimen sancionador que penalice el incumplimiento de la legislación antimorosidad. Los estudios realizados han llegado a la conclusión de que, sin penalizaciones administrativas, será imposible conseguir el cumplimiento efectivo de la Ley”.

En el caso de las administraciones públicas, según destacan las empresas, Euskadi es el territorio donde se paga en mayor medida en las mejores condiciones en relación a los plazos. Un estudio de ATA, la federación de autónomos, destaca que La Rioja, Galicia, Nafarroa y la CAV, con plazos de pago por debajo de los 38 días, son los territorios del Estado donde los autónomos cobran más rápido sus facturas de las diferentes administraciones públicas. dato que contrasta con los 130 días que se tarda en cobrar en Catalunya, los 135 días en la Comunidad Valenciana y los 132 días de Andalucía.