gasteiz - El conocido como caso Epsilon vivió ayer el que podría ser su último episodio en el Parlamento Vasco con el rechazo de esta institución a la petición de destituciones por las que abogaban EH Bildu y UPyD. El dictamen que hace dos semanas arrojó la comisión de investigación a cuenta del fallido proyecto automovilístico señaló a dirigentes jeltzales como “responsables políticos”, pero en el mismo no existía una petición expresa de dimisiones que, por otra parte, en Lehendakaritza nunca han contemplado.
El informe del foro parlamentario apuntaba a la existencia de responsabilidades políticas entre las personas que formaban parte del Consejo de Promoción Económica que declararon a Epsilon “proyecto estratégico”.
Este órgano, formado por el Gobierno de Gasteiz y las diputaciones, estaba presidido en aquella época por la entonces consejera de Industria y actual viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, y en él también figuró la ahora titular de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, que hace siete años era diputada de Movilidad en Gipuzkoa. Ambas formaban parte del listado de destituciones que, con un total de seis dirigentes, UPyD llevó de mano de su único aforado, Gorka Maneiro, al salón de plenos.
De forma paralela, EH Bildu presentó una propuesta alternativa a los que sumaba más nombres a los aportados por Maneiro, mientras que el PSE instó al Gobierno Vasco a aplicar los principios recogidos en su código ético ante la mala praxis. A la hora de votar la moción original, UPyD vio cómo su propuesta decaía con los votos en contra del PNV y PSE, mientras EH Bildu y PP se abstenían. De igual forma, también decayeron por falta de apoyos las demás propuestas alternativas.
En el calor del debate, una vez se vivió un cara a cara entre Maneiro y el parlamentario jeltzale, Luis Javier Tellería, quien identificó la estrategia de su oponente, “al coger un tema, machacarlo hasta el final y exprimirlo hasta que no le quede jugo”, más con la de un “torturador ideológico” que con la de un parlamentario.
Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Igor López de Muniain, definió este episodio como un caso de “corrupción, malas prácticas, clientelismo y amiguismo”, mientras que PSE y PP aludieron al dictamen aprobado por la comisión para justificar su postura ante la iniciativa de UPyD. - A. Abaitua