vitoria - Octubre trae cada año a Euskadi la música del Consejo Vasco de Finanzas (CVF). Una partitura que, con más o menos esfuerzo, al final del pentagrama siempre o la mayoría de las veces suena igual, suena a acuerdo. Otra cosa es la letra, el contenido, que varía cada año para añadir los elementos sobre los que se negocian. En esencia, cada diputación defiende sus intereses, que no son otros que los de sus ciudadanos, y el Gobierno Vasco dirige las voces para que el coro tenga cierta armonía y todos los vascos salgan beneficiados.
Esa labor de equilibrista del Ejecutivo vasco se complica cuando, como es el caso, la reunión del Consejo se produce en el año previo a las elecciones forales. El encuentro se producirá mañana lunes, con un elemento de tensión conocido, los coeficientes que fijan cuánto dinero aporta cada Diputación foral a las arcas comunes de la Comunidad Autónoma Vasca. En esta ocasión, el recálculo del PIB vasco añade tirantez a la reunión. Aunque no tendrá ninguna influencia en el resultado final porque se seguirá utilizando la referencia de 1995 -que no ha sido revisada-, se ha convertido en la excusa redonda para desatar la tormenta perfecta, y que se interprete otra melodía otoñal igual de recurrente: la queja de Araba por el peso de su economía dentro de la CAV, una cuestión que determina el Eustat.
Desde que el PP recuperó la Diputación alavesa, el supuesto agravio comparativo de este territorio es una constante del CVF. Hasta el punto de que el año pasado Javier de Andrés criticó abiertamente la labor del Eustat durante la rueda de prensa conjunta y el consejero de Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, le reprochó públicamente su actitud.
Fue la nota discordante de aquella cita y amenaza con sobrevolar, al menos de puertas adentro, la de este año. Todo ello, a pesar de que la revisión del PIB no moverá los equilibrios interterritoriales y de que en los últimos ejercicios Araba siempre ha reducido su porcentaje en las aportaciones, mientras que Bizkaia los ha aumentado año tras año.
La Unión Europea ha obligado a todos los países a computar dentro del PIB el impacto de actividades ilegales como la prostitución, el tráfico de drogas o el contrabando, así como la inversión en I+D, que hasta restaba en la fórmula por ser considerado un gasto.
La suma de esas cuestiones han cambiado el esquema territorial del PIB vasco. Araba y Gipuzkoa ganan peso, mientras que Bizkaia lo pierde. Frente al silencio de la Diputación guipuzcoana, la alavesa ha solicitado formalmente que la revisión no se introduzca en la máquina de cálculo de las aportaciones. El objetivo es evitar que se incrementen sus pagos a Lakua para atender los servicios comunes, Sanidad, Educación o Lanbide, entre otros. Si se traslada el nuevo peso de cada diputación al reparto de las aportaciones, la gran perjudicada será Gipuzkoa, que tendría que ingresar 32 millones de euros más, mientras que la factura de Bizkaia bajaría en cerca de 36 millones. Araba pagaría cuatro millones más. La clave es que ese planteamiento es pura teoría ficción, porque la intención es seguir utilizando la misma base que hasta ahora. De este modo, el recálculo incluyendo I+D y actividades delictivas solo tendrá un impacto virtual en la reunión. Primero en la puesta de escena alavesa y seguramente también en la postura que adoptarán las haciendas hermanas en la negociación.
ley de aportaciones El debate está abierto, habrá que remar, pero la tradición pactista del Consejo alimenta las expectativas de que se llegue a un acuerdo. De hecho, no se espera una reunión larga, si bien tampoco será de las que menos han durado, admiten algunos de los protagonistas.
Habrá otra gran cuestión sobre la mesa, la nueva Ley de Aportaciones, la normativa que fija las bases de la negociación. En el CVF de octubre del año pasado se alcanzó un acuerdo para reformar la ley este año. A tal fin se creo una comisión interinstitucional, pero el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, reconoció la semana pasada en el pleno de Política General que “no se han dado las condiciones objetivas necesarias” para alcanzar un acuerdo. Es una cuestión que quedará en el cajón de los asuntos pendientes y que, previsiblemente, tendrá que sacar su sucesor.
Durante la negociación de la Ley de Aportaciones, la Diputación alavesa y la guipuzcoana han defendido que deben pagar menos que lo que aportan ahora, y la vizcaina no ha estado por la labor de cubrir el agujero que dejarían. En la actualidad, Araba aporta un 16%, Gipuzkoa un 33,06% y Bizkaia un 50,94%.
En los últimos cinco años, el porcentaje de Gipuzkoa, con altibajos, ha crecido en un 0,91%, el de Bizkaia ha avanzado ocho décimas, mientras que el de Araba ha retrocedido un 0,91%. Si como todo apunta, Javier de Andrés saca esa cuestión en el Consejo de Finanzas -ya lo hizo el año pasado a pesar de no entrar en el orden del día-, José Luis Bilbao tendrá un buen argumento para defender su posición en la revisión del PIB.
El candidato designado por el PNV para sucederle al frente de la Diputación vizcaína, Unai Rementeria, actual portavoz del ente foral ha entrado esta semana en la controversia recordándole a Araba que la mayor parte del incremento del Producto Interior Bruto se produce por el impacto de la inversión en I+D. Son 1.021 millones frente a los 749 de las actividades ilegales. Además, en medio de la polémica, el Eustat ha hecho público que los tres herrialdes tienen un porcentaje muy similar de incidencia económica de la prostitución y las drogas (cerca del 1,149%). No ha revelado el reparto de la inversión en innovación, pero el saldo final sitúa a Araba y Gipuzkoa como las más dinámicas en ese sentido. De modo que cae por su propio peso el intento alavés de llevar el debate hacia la arbitrariedad del Eustat por apuntar a una mayor contaminación de su economía por prácticas delictivas.
