vitoria - El lehendakari Iñigo Urkullu defendió ayer la legalidad de las ayudas concedidas a los fallidos proyectos automovilísticos Epsilon e Hiriko y también la actuación de los cargos del PNV que tomaron decisiones sobre los mismos, entre ellos algunos que forman parte de su gobierno.
Urkullu respondió así en el pleno de control del Parlamento Vasco a una interpelación del parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, quien le pidió que cese a varios miembros de su gobierno tras el informe aprobado el jueves en la Cámara que atribuye responsabilidades políticas a cargos del PNV del Ejecutivo y de las diputaciones forales que en 2007 declararon estratégico el proyecto de automoción Epsilon, sin tener “sólidos” fundamentos industriales y comerciales.
Las personas a las que se achacan responsabilidades políticas, que no se mencionan expresamente en el dictamen, son las que formaban parte del Consejo Vasco de Promoción Económica (órgano que reúne al Gobierno vasco y a las diputaciones), que en 2007 estaba presidido por la entonces consejera de Industria y actual viceconsejera de Justicia, Ana Agirre. Otras personas que integraban ese órgano son ahora altos cargos del Gobierno autonómico, como Aran-tza Tapia, entonces diputada de Movilidad de Gipuzkoa y actual consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, quien pese a no asistir a la reunión en la que se respaldó a Epsilon, delegó su voto en Agirre.
Urkullu señaló que “respeta” las conclusiones aprobadas el jueves pero que no las comparte porque se trata de un “informe político elaborado y aprobado” por los grupos de la oposición que ha concluido con “una sentencia política deseada y predeterminada”.
El lehendakari censuró que Maneiro pida el cese de determinadas personas y que hable de corrupción o de levantamiento de bienes cuando “está demostrado que ninguna de las personas que formaba parte del Consejo Vasco de Promoción Económica se ha beneficiado”. En este sentido, Urkullu añadió que “no hay prueba ni indicio de corrupción porque ningún responsable político y funcionario público se ha llevado ni un euro de dinero público”. - E. Press