madrid - El Gobierno español cuenta con su propia agenda de medidas y no tiene por qué seguir las indicaciones publicadas el martes por el Fondo Monetario Internacional. Así se pronunció ayer el ministro de Economía y Competitividad del Gabinete de Rajoy. Luis de Guindos aseguró en una entrevista radiofónica que "el Gobierno no tiene por qué seguir al pie de la letra lo que dice el FMI y no lo ha hecho así". Según su discurso, el Ejecutivo popular "tiene su propio esquema de reformas y va a seguir con las reformas". Es decir, que el Gobierno no va a variar su hoja de ruta por mucho que se lo pidan.

El FMI reclamó el martes una serie de medidas que incluía, entre otras, quitas a empresas, liberalizar servicios y subir impuestos indirectos como el IVA, una vieja y repetida reivindicación. El ministro al respecto avanzó ayer que "el Gobierno no va a modificar ningún tipo de impuesto indirecto que no venga derivada de modificaciones de la normativa comunitaria". El FMI, miembro de la troika que participó en el rescate financiero a España de 2012 junto a la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, insiste en la idea. La troika quiere que suba la recaudación estatal para contener el déficit y cree que una fórmula para lograrlo es eliminar los tipos reducidos del IVA, esto es, dejando todos los productos y servicios al 21%. De momento el Gobierno español no ha aplicado esa receta.

El presidente de la CEOE, Joan Rosell, también apostó ayer por mantener una agenda propia de reformas. El dirigente aseguró que el FMI en sus informes "se limita a incluir brochazos". Son, según su discurso, "grandes visiones macro". "Nosotros estamos aquí más al pie del cañón. Nuestra economía hay que hacerla al estilo nuestro", insistió. Algo que se está haciendo porque si se hubiese hecho caso a las recomendaciones de informes anteriores del FMI, "la hoja de ruta habría sido muy distinta".

Políticas que empobrecen Más duras fueron las críticas de los dos principales sindicatos españoles. CCOO y UGT denunciaron ayer que las recetas propuestas por el Fondo que dirige Christine Lagarde supondrían aumentar el empobrecimiento de la población.