Concursos, antesala de quiebras

Afortunadamente hay algunas y positivas excepciones. La semana pasada salió de concurso un gigante del sector alimentario como la gallega Pescanova y a finales del pasado año lo hizo una firma vasca tan significativa como el Grupo Alfa. Con todo, el Gobierno español, consciente de la gravedad del problema, prepara nuevas medidas para facilitar los acuerdos y la continuidad de las empresas en los procesos concursales.

En un momento en el que la dureza de la crisis ha llevado a numerosas empresas vascas al proceso concursal, -desde TS Fundiciones a Fagor Electrodomésticos, ahora intentando salvar del desguace algunas áreas de negocio pero ya en manos de nuevos socios que pujan por ellos, pasando por Cegasa, que trabaja con la esperanza, más que fundada en la actualidad dado que tiene líneas rentables y tecnología competitiva, de mantener su actividad en su integridad-, la normativa y los hábitos de los concursos de acreedores son cuestionados desde numerosos sectores porque no cumplen con el que es, o debiera serlo, primer objetivo: asegurar el mantenimiento de la actividad de la empresa en cuestión. El informe de PWC pone de manifiesto la existencia en los procesos concursales de una desconfianza notable hacia el sistema judicial en cuanto que no ayuda a encontrar una salida, y la estigmatización que sufre el empresario que se ve abocado a la suspensión de pagos.

Un elemento a reseñar es la resistencia de las empresas en el Estado español a entrar en proceso concursal, algo que hacen cuando ya no les queda más remedio con lo que la probabilidad de supervivencia se reduce de manera notable, aunque en Euskadi se han producido algunas excepciones notables en los últimos meses como la citada del Grupo Alfa. Si se compara el Estado español con otros países europeos como Francia, Italia, Alemania o el Reino Unido se constata, según PWC, que está a la cola de Europa en la utilización del procedimiento concursal.

Según el informe, las compañías españolas intentan buscar soluciones a la que consideran "excesiva burocracia" y duración de los procesos concursales, - "a la velocidad que evoluciona la economía global en el siglo XXI no se puede tener una compañía intervenida más de tres o cuatro meses si se quiere que salga adelante", señala un reconocido consultor vasco-, que provocan una tendencia a la «desjudicialización» de los procesos de crisis empresariales.

Lentitud Además de la lentitud de la Administración de Justicia, los empresarios se quejan de que siempre sean señalados como los culpables de la situación concursal. Otra crítica general se refiere a la necesidad de agilizar las liquidaciones de los activos de empresas en concurso, el caso de Fagor Electrodomésticos por ejemplo, de modo que pueda maximizarse el valor de activos.

Además, el estudio citado propone la creación de un instituto de acreditación de determinadas profesiones jurídicas, entre las que podrían encontrarse las de administrador concursal. Esta figura, -aun reconociendo la dificultad de su labor y su escasa retribución en los casos de concursos de las microempresas, los más numerosos-, no siempre sale bien parada, en especial en los procesos concursales de compañías medianas y grandes.

El propio subsecretario de Economía del Gobierno español, Miguel Temboury, no ha dudado en señalar esta pasada semana que «los intereses de la administración concursal no son los de la empresa y el concurso», en alusión, entre otros elementos, a los elevados sueldos de estos gestores, y al supuesto interés de estos en alargar los procesos para seguir cobrando.

Flexibilizar la ley En este sentido, y aunque en el primer trimestre de este año el número de empresas que ha entrado en concurso se ha reducido en casi un 30%, para un total de 1.912, según el INE, el Gobierno español trabaja para flexibilizar la ley concursal de cara a evitar un repunte de quiebras que, según el Banco de España, puede llegar en 2014 si las refinanciaciones bancarias no llegan. Según datos citados por el Consejo General de Economistas, unas 65.000 empresas del Estado estarían en riesgo por falta de financiación ya que acumulan 180.000 millones de euros en créditos. Para paliar esta situación y no frenar la suave recuperación de la economía, el Ejecutivo ha flexibilizado el cobro de deudas.

La norma permite a las empresas con deudas renegociar sus impagos, ya no con la totalidad de sus acreedores, sino con dos posibles mayorías cualificadas con las que se pueden lograr aplazamientos en los pagos o incluso quitas:

Temboury señaló que el Gobierno Rajoy trabaja para que en la reforma concursal en ciernes este sistema de mayorías de arrastre, quitas y esperas del decreto de refinanciaciones pueda aplicarse también al concurso a la vez que defendió el «homogeneizar» el acuerdo extrajudicial de pagos.

Sector2009s/total%2010s/total%2011s/total%2012s/total%2013s/total%

Automoción1072%942%1433%1923%2593%

Industrial76817%63814%64312%86712%1.00812%

Agrícola732%591%1212%1612%1672%

Alimentación712%722%1192%1202%1462%

Construcción1.31228%1.25028%1.42427%1.89426%1.91122%

Financiero210%331%331%441%731%

Inmobiliario68615%74016%95918%1.22317%1.54518%

Sanidad230%381%381%731%731%

Servicios51211%66015%78115%1.07715%1.73320%

Textil1453%872%972%1192%1382%

Comercio76616%63414%79115%1.15816%1.35416%

Transporte1493%2085%2214%3094%3084%

Otros120%40%20%40%20%

Total4.645100 %4.517100 %5.372100 %7.241100 %8.717100 %

Fuente: BOE y Unidad Concursal PwC

Islas Canarias

248

Galicia

508

Asturias

199

Extremadura

130

Ceuta

2

Castilla y León

350

Andalucía

830

Cantabria

100

Madrid

1.280

Castilla la Mancha

276

Melilla

CAV

562

La Rioja

76

Nafarroa

140

Murcia

232

Aragón

297

Comunidad

Valenciana

1.171

Catalunya

1.789

Islas Baleares

524