El lanzamiento de ayer, con todos los honores y el boato de la ocasión -no en vano la planta de Jundiz aporta por sí sola el 2,4% del PIB vasco-, no fue sino el punto y seguido a una historia que se remonta años atrás y que tuvo su principal hito en la firma del convenio de 2011 por parte de la mayoría sindical con vigencia hasta 2015. Un acuerdo que llegó en otoño de 2011 tras una larga negociación en la que se llegó incluso a la ruptura interna del comité -UGT, CCOO, Ekintza y USO, que reunían al 51% de la plantilla, por un lado; y ELA, LAB, ESK y CGT, por otro-, pero que la empresa siempre presentó como paso ineludible para acceder al ensamblaje del nuevo modelo de Vito y el nuevo Clase V en lo que, en definitiva, aparecía casi como una decisión clave para la supervivencia de una de las factorías estratégicas para Gasteiz y para la CAV.

En junio de 2011, una delegación del Gobierno Vasco -encabezada por el entonces consejero de Industria Bernabé Unda- acompañada del máximo responsable de la planta de Jundiz, Emilio Titos, visitaba las instalaciones de la multinacional alemana en Stuttgart. Y Titos lanzaba una advertencia categórica ante la situación de enquistamiento por la que atravesaba la renovación del convenio: "No tenemos ningún otro producto. Podemos quedarnos fabricando en Vitoria recambios, pero será algo decadente a lo largo del tiempo".

Durante aquellos meses, la amenaza cierta de que el nuevo modelo podría viajar hasta la planta hermana de Ludwigsfelde, en Berlín, iba tomando cuerpo. Una sombra especialmente preocupante teniendo en cuenta, no sólo los en torno a 3.500 empleos directos y a 9.000 indirectos que genera la planta gasteiztarra, sino que todo esto ocurría cuando la crisis económica impactaba ya de lleno en Euskadi.

El nuevo convenio -con vigencia hasta 2015- incluyó una mayor flexibilidad laboral como condición sine qua non, pero que se tradujo en la asignación de los nuevos modelo Vito y Clase V, que han supuesto una inversión por parte de Mercedes solo en la planta gasteiztarra de 190 millones de euros para adaptar las instalaciones a su fabricación y que ha generado unos 400 empleos eventuales que el comité confía en consolidar. Un punto y seguido para al menos otra década.