madrid. La economía sumergida se ha disparado en España. Al menos así lo cree el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que ha elaborado un informe al respecto. Y es que los propios técnicos de Hacienda denuncian que ningún gobierno español ha elaborado o encargado un informe sobre economía sumergida en España y señalan que es muy complicado cuantificar esa economía sumergida. Pero aun así en su estudio La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis apuntan que esa actividad encubierta ha crecido en casi 60.000 millones desde que comenzó la crisis en 2008. Calculan que la economía sumergida alcanzó los 253.000 millones en 2012 y que ya representa el 24,6% del producto interior bruto.

El dato habla por sí solo, pero, ¿qué es la economía sumergida? Gestha apunta a la definición de la OCDE que recoge que la economía sumergida es el conjunto de las actividades económicas que son productivas, pero que de forma deliberada se esconden a la administración para: evitar el pago de impuestos; evitar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social; evitar cumplir las normas laborales y de otro tipo; y/o evitar algunos procedimientos administrativos.

Hay un dato que refleja la importancia de la economía sumergida en el Estado. El 73,7% del efectivo en circulación en Espala está en billetes de 500 euros. Estos billetes son el instrumento preferido por los defraudadores para saldar operaciones al margen del fisco y su uso es espectacular. España tiene el 14% del valor de todos los billetes de 500 que se manejan en la zona euro.

El paro y la corrupción están detrás de un fenómeno que ha crecido de media unos 15.000 millones de euros anuales desde el inicio de la crisis. En ese sentido los casos de corrupción política y empresarial se han multiplicado en los últimos años y desde 2008 la tasa de desempleo se ha triplicado, en lo que Gestha ha calificado como un "espectacular repunte". Las subidas de impuestos que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario también estarían detrás, según el informe de Gestha dirigido por el profesor Jordi Sardà de la Universitat Rovira i Virgili.

Según el estudio, el mayor aumento del fraude se registró en las comunidades autónomas más castigadas por el colapso del ladrillo y el desempleo, como son Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y parte del Levante.