bilbao. La Comisión Europea ha abierto un expediente informativo en torno a la agresiva oferta de suelo de Cantabria. El Gobierno del popular Ignacio Diego no comunicó el programa a Bruselas y el eurocomisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha solicitado los detalles al Estado español para decidir si abre una investigación formal. Sobre el Plan de Suelo Industrial pende la sospecha de ser una ayuda de Estado, unos incentivos perseguidos con energía por la Comisión, y que ha tenido en las denominadas vacaciones fiscales vascas un ejemplo muy doloroso para Euskadi.

En este caso, el programa se ha puesto en marcha sin pasar el filtro y solo se ha hecho visible para el aparato comunitario cuando la Diputación de Bizkaia ha presentado una denuncia. La europarlamentaria vasca Izaskun Bilbao ha continuado poniendo el foco sobre la controvertida actuación del Ejecutivo cántabro a través de una pregunta a Almunia.

En su respuesta, el político bilbaino reconoce que España no notificó la oferta de suelo de Cantabria antes de su aprobación el pasado mes de julio y que tras la denuncia vizcaína, que sostiene que se trata de una ayuda de Estado, el pasado 10 de enero pidió al Gobierno de Mariano Rajoy que presente argumentos que demuestren que no es así. A partir de ahí, si las explicaciones de Madrid no convencen a la Comisión, se iniciará la segunda fase del expediente, la de investigación, y en ella se determinará si la medida es compatible con las reglas del mercado interior.

Bastará con que Bruselas "llegue a la conclusión preliminar" de que se trata de una ayuda de Estado o con que "albergue serias dudas" de que pueda serlo para que se active el procedimiento que puede desembocar en la anulación de los incentivos e incluso en la imposición de una sanción.

Para el PNV "no hay ninguna duda" de que el programa de Cantabria constituye ayuda de Estado, la etiqueta que recibe cualquier incentivo público que vulnera el principio de libre competencia entre empresas. La percepción de que el plan cántabro desequilibra la balanza en favor de unas compañías figura tanto en la denuncia de Bizkaia como en la pregunta parlamentaria de Izaskun Bilbao.

Cantabria ha reconocido que ha tanteado a empresas vascas para que se instalen en los polígonos abiertos al programa, dos de ellos muy cercanos a Bizkaia. El gancho ha sido la oferta de suelo gratis durante cinco años, no se paga por el terreno hasta el sexto ejercicio, cuando el negocio se consolida.

El programa, ligado a un eslogan muy gráfico: Buscamos empresarios, concluye mañana viernes tras una prórroga de un mes y ninguna empresa vasca ha dado el paso. De hecho el efecto tractor del plan se ha reducido al traslado de algunas empresas cántabras desde núcleos urbanos a las cuatro áreas industriales marcadas. Sin embargo, los jeltzales consideran que el programa supone una clara distorsión de las reglas de la competencia porque los costes de producción se rebajan debido a la intervención de una administración pública. Además, Izaskun Bilbao sostiene que la falta de comunicación a Bruselas constituye por sí sola una "irregularidad y una vulneración" de la normativa comunitaria. Precisamente, la Diputación de Araba ha respondido a Cantabria con un plan similar, pero antes de abrirlo a las empresas ha consultado a Europa sobre su legalidad.

largo proceso La pelota está en el tejado de la Comisión. Almunia ha explicado esta semana en Bruselas a un reducido grupo de periodistas vascos que Competencia todavía está a la espera de recibir la información y que es previsible que esa primera toma de contacto derive en un nuevo requerimiento. No se prevé que la cuestión se resuelva pronto, sobre todo porque se acumulan en las oficinas del eurocomisario vasco otras denuncias similares. En el trasfondo del enfrentamiento con Cantabria ocupa un lugar central la persecución que ha sufrido históricamente la autonomía fiscal vasca. "Ellos compiten con los fueros, nosotros con el suelo", acuñó como divisa de batalla el presidente cántabro en diciembre. Y poco después, la semana pasada, se ha reforzado la posibilidad de que la CAV sea multada por las vacaciones fiscales.

"Todos debemos estar en las mismas condiciones cuando planteamos planes industriales y de apoyo a la economía real. No solo el Concierto Económico y nuestros programas industriales, que llevan años sometidos al control de Bruselas precisamente porque comenzaron a implantarse cuando en España se decía que la mejor política industrial es la que no existe. Quizá eso explique los diferenciales de paro que tenemos con otras zonas del estado y la presencia de la industria en nuestro PIB", dijo Izaskun Bilbao.