BILBAO. Las diputaciones y el Gobierno Vasco sentarán las bases de la negociación del reparto de la multa por las vacaciones fiscales en el Consejo de Finanzas de febrero. Todavía no hay fecha para el encuentro, pero se celebrará en la segunda semana, antes del día 15, y en esa reunión se producirá la primera toma de contacto oficial sobre una cuestión que ocupará gran parte de la actividad de las administraciones vascas de aquí a final de año.

Aunque la multa no estará en el orden del día casi con total seguridad, el problema que se avecina situará el asunto sobre la mesa, apuntan fuentes de la administración vasca. Se añadirá de este modo más tensión a una cita que se intuye compleja por las diferencias que mantienen las diputaciones en torno a otra cuestión: la fórmula con la que se trasladará al Gobierno Vasco la recaudación generada el año pasado por el mecanismo de Actualización de Balances.

Las diputaciones aparcaron en octubre el diálogo sobre la actualización porque solo ha reportado ingresos significativos en Bizkaia (120 millones), pero el esquema de aportaciones a los presupuestos del Gobierno vasco obliga a las otras dos diputaciones a ingresar la mitad del total de lo recaudado por ese concepto (127 millones).

También hay una calculadora en el trasfondo de la negociación del reparto de la multa millonaria que previsiblemente impondrá el Tribunal de Justicia de Luxemburgo a las diputaciones. Bizkaia sostiene que Araba debe pagar el 65% de la sanción porque concedió el 65% de las ayudas que han sido declaradas ilegales. La Diputación alavesa rechaza de plano esa pretensión, porque entiende que el castigo no viene impuesto por las ayudas en sí, sino por el retraso en su recuperación. Fuentes de la hacienda alavesa aseguraron ayer que la decisión de dilatar ese proceso fue consensuada. Si la culpa es compartida, también la pena, defienden.

fecha límite, octubre, Gipuzkoa no ha bajado todavía a ese debate, pero si prevalece la postura vizcaína asumiría el 13% de la sanción, mientras que con el planteamiento de Araba pagaría un 33%. Y en medio el Gobierno Vasco parece dispuesto a asumir un papel activo y minimizar la carga de las diputaciones forales.

El Consejo Vasco de Finanzas del mes que viene servirá básicamente para marcar posiciones y también para acotar el terreno de juego. Será en octubre, en la cita del Consejo en la que las diputaciones y el Ejecutivo vasco fijan las previsiones de recaudación y las bases de los Presupuestos, cuando se defina el reparto definitivo.

Antes de ese paso se habrá tenido que pronunciar el Tribunal de Justicia Europeo sobre la cuantía definitiva de la multa. En principio se prevé que la sentencia se haga pública en torno a septiembre, con lo que quedaría cerca de un mes por delante para establecer el suelo técnico del acuerdo. Si Luxemburgo se pronuncia antes del verano como sostienen alguno de los implicados sería necesario convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Finanzas o reunir a sus protagonistas en otro foro para dar una respuesta inmediata.

Fuentes de la administración vasca sostienen que es posible definir el escenario de reparto en un plazo de dos a cuatro semanas tras conocerse la sentencia. Sobre todo, si en el primer contacto de febrero se marca un rumbo a seguir y se sientan las líneas maestras del cálculo. Esa tarea, que tendrá un elevado componente político, facilitará las labores más técnicas.