vitoria. El mundo al revés. Esta es la impresión que puede sacar cualquier trabajador del Estado español tras conocer que el Gobierno alemán que lidera Angela Merkel ha decidido rebajar la edad de jubilación a los 63 años de edad si la persona en cuestión cuenta con una amplia carrera de cotización a sus espaldas. La misma Alemania que ha impuesto a media Europa sus tesis de que es necesario retrasar la edad legal de jubilación más allá de los 65 años de edad admite ahora que, si existe una amplia carrera de cotización detrás del trabajador, al menos 45 años, sí es factible jubilarse a los 63 años. Francia, con Françoise Hollande al frente del Gobierno también permite jubilarse a los 62 años de edad aunque ha elevado de 41,4 a 44 los años de cotización. Curiosamente los dos países centrales del UE permiten jubilarse a los 62-63 años edad, siempre que existan las suficientes cotizaciones detrás, mientras que a otros se les lleva más allá de los 65.

En cambio, el Gobierno español ha centrado todo su discurso en la reforma del sistema público de pensiones en retrasar la edad legal de jubilación, que ya ha empezado a subir de los 65 años hacia los 67 de forma progresiva, y reducir, bajo fómulas complejas, el gasto futuro en pensiones, sin contemplar la alternativa de una mayor carrera de cotización o un aumento de las cotizaciones para poder acceder a dicho derecho.

El aumento de la edad de jubilación puede justificarse, en el caso español, por varias razones. En primer lugar, porque produce efectos positivos para la viabilidad financiera del sistema de Seguridad Social desde dos perspectivas: por un lado, supone un aumento de la población activa que potencialmente puede cotizar y, por otro lado, provoca una reducción del gasto en pensiones. En segundo lugar, un aumento de la edad de jubilación se justificaría hoy por el incremento de la esperanza de vida.

La realidad de las cuentas de la Seguridad Social española es la que es, al igual que la pirámide de edad, pero no deja de sorprender que el Gobierno español, tanto el de Zapatero como el de Rajoy, no se haya planteado medidas alternativas a elevar la edad de jubilación a los 67 años como podían ser trabajar para aumentar la base de cotizantes e incrementar la cotización que realizan los trabajadores. La propuesta española de incrementar la edad de jubilación hasta los 67 años choca ahora con la nueva realidad germana pactada en el Gobierno de Berlín tras la entrada en el mismo del Partido Socialdemócrata (SPD).

Obviamente medidas como la alemana tienen un coste económico, se habla de casi 60.000 millones de euros hasta 2020, pero no deja de suponer un cambio de rumbo evidente en las tesis germanas. Eso sí, Alemania se plantea que, a partir de 2020 para mantener el incremento de costes derivado de la medida de rebajar la edad de jubilación a los 63 años para la actual generación, habrá que cotizar más, -cerca de 1% más sobre el salario bruto hasta alcanzar el 19,7%-. En el caso español, el gasto en pensiones ha seguido creciendo en la última época de la mano de la jubilación de una generación creciente de ciudadanos que además, al coincidir con los años del desarrollismo español, desde la década de los sesenta del siglo pasado, tienen las carreras de cotización más largas y con salarios más elevados, lo que genera una pensión de mayor cuantía. Así, en diciembre, el gasto mensual en pensiones se elevó hasta los 7.884 millones de euros, un 4,8% más que el año anterior, con una pensión media de 987 euros mensuales, un 3,4% superior.

Con todo, según Eurostat, el sistema de pensiones de España sigue siendo uno de los más baratos de la Unión Europea (UE). Un estudio europeo con datos de 2010, ya en mitad de la crisis actual, señalaba que el gasto público español en pensiones era equivalente al 10,7% del PIB. Cifra inferior al gasto media de la UE-15 que alcanzaba el 13% del PIB, con oscilaciones entre el 12,8% de Alemania, el 14,4% de Francia o el 16% de Italia. Es más, la pensión media contributiva es cerca de un 25% inferior a la media de la UE.

El hecho de que el porcentaje del PIB dedicado al gasto en pensiones haya aumentado en España entre 2007 y 2013 no se ha debido a la "insostenibilidad" del sistema, sino a la propia crisis económica y a la gestión que se ha hecho frente a ella. Según los sindicatos, las medidas de ajuste impuestas son las que han ayudado a expulsar cotizantes del mercado de trabajo hundiendo la demanda agregada y, con ello, las cuentas de la Seguridad Social. De hecho, hasta la llegada de la crisis el sistema público de pensiones español no presentaba problema alguno, e incluso acumuló superávits que se trasladaron al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, fondo del que durante el pasado año la citada Seguridad Social dispuso de 11.648 millones para hacer frente a la insuficiencia puntual de liquidez para abonar las pensiones, según el Ministerio de Empleo. Así, al cierre de 2013 el total del fondo alcanzaba los 53.744 millones de euros, el 5,22% del PIB.

Frente a la nueva normativa alemana que entrará en vigor en julio permitiendo la jubilación completa a los 63 años de edad, España sigue con la reforma puesta en vigor el pasado ejercicio que elevará hasta los 67 años la edad de jubilación en 2027 con 37 años de cotización para tener derecho al cien por cien de la pensión, computando los últimos 25 años trabajados y no 15 como antes. Frente a los que señalan que no hay alternativa a elevar la edad de jubilación para mantener la viabilidad del sistema, hay tesis que recuerdan que el sistema público de pensiones no necesariamente debe sostenerse sólo a través de las cotizaciones sociales, sino que también puede ser financiado mediante impuestos generales. Es necesario resaltar en este sentido que la presión fiscal en el Estado español, pese a la subida de los últimos años, es una de las más bajas de Europa: el 32,6% según Eurostat, muy alejada del 40% de la media de la UE, del 43,1% de Francia e Italia, o del 46,8% de Suecia. Con todo, el cambio de rumbo alemán pone sobre la mesa la posibilidad de nuevas alternativas a los recortes aunque los conservadores del Gobierno británico cuestionen que Europa, con el 7% de la población mundial y controlando el 25% de la riqueza, efectúe el 50% del gasto social mundial.