La abogada de la UE plantea multar a la CAV con 50 millones por las 'vacaciones fiscales'

La opinión de la abogacía general -que cumple las labores del fiscal- no es vinculante, pero es la base de las sentencias del Tribunal en el 80% de los casos. Si los jueces aplican la multa solicitada, la CAV tendrá que afrontar la mayor sanción impuesta por la justicia europea a una administración porque se busca una sanción ejemplarizante que "disuada" a otros gobiernos de seguir ese camino. Con todo, Sharpston rebaja sustancialmente las pretensiones de Bruselas, que solicitaba una sanción de 64,5 millones, por entender que la infracción no es tan grave como estima la Comisión. Sin embargo, Bizkaia calificó la petición de multa de "desproporcionada". También criticó que no se tenga en cuenta la "incertidumbre económica" en la que se desarrollaba la actividad empresarial cuando se aprobaron los incentivos -la anterior crisis- ni la actual coyuntura económica.

Posible reparto de la multa Al mismo tiempo, insistió en plantear un reparto de la multa proporcional al volumen de ayudas concedida por cada Diputación. En ese caso, Araba asumiría casi el 66% de la sanción, cerca de 33 millones. Bizkaia, con un porcentaje del 21%, y Gipuzkoa (13%) saldrían beneficiadas. Esa posibilidad pasa en principio por una negociación en casa entre diputaciones junto al Gobierno Vasco. Técnicamente Luxemburgo impondrá la multa al Reino de España aunque sean las diputaciones las que tendrán que pagar al final la factura.

No entraron a valorar la propuesta vizcaína ni Araba, que básicamente pidió más tiempo para analizar las recomendaciones de la abogada general, ni Gipuzkoa, que se limitó a culpar del problema a anteriores ejecutivos forales. Tampoco lo hizo el Gobierno Vasco, que a través de su portavoz, Josu Erkoreka, valoró la multa con un "asunto menor". Lo importante, subrayó, es que no está en riesgo la autonomía fiscal vasca, el corazón del autogobierno de la CAV.

De forma más o menos explícita, las administraciones vascas destacaron que algunas de sus demandas han sido tomadas en consideración y recordaron que la sentencia definitiva puede rebajar más la multa si los 15 magistrados del tribunal así lo consideran.

Las recomendaciones de Eleanor Sharpston se asientan en cinco conclusiones. Por un lado, los incentivos eran ilegales y había que recuperarlos de acuerdo con las directrices que proponía la Comisión. Además, no cabe diferenciar entre las empresas que solicitaron la ayuda antes de afrontar el proyecto de inversión y las que lo hicieron más tarde porque el "efecto incentivador" de la medida es común a todas ellas. En tercer lugar, Sharpston afirma que "no quedan cuestiones jurídicas pendientes" entre la administración vasca y la Comisión Europea en relación a la concesión de incentivos a los sectores vitivinícola y siderúrgico, que estaban excluidos de la directrices sobre ayudas regionales de finales de los noventa.

En la cuarta conclusión, la abogacía de Europa echa por tierra una de las principales líneas de defensa de las diputaciones: el principio de minimis. A su juicio, las haciendas forales "no estaban facultadas" para eximir a las empresas de devolver los primeros 100.000 euros de las ayudas. Las administraciones de los estados miembros no están obligadas a informar a la UE de los incentivos fiscales que están por debajo de ese límite, que marca una frontera entre las actuaciones que pueden desvirtuar la competencia entre empresas y las que tienen una incidencia reducida.

Las diputaciones, al igual que el Estado español, siempre han defendido que las empresas afectadas tenían derecho de disfrutar de esa subvención mínima fuera del foco de la UE, como hicieron en aquel momento de crisis compañías del resto del Estado. Bruselas opina todo lo contrario y en esa cuestión se han enzarzado durante años las administraciones litigantes.

Límite de 'minimis' De hecho, esa diferencia de criterio en las ayudas a devolver motiva en gran parte la demora de siete años desde que la Corte de Justicia Europea declaró ilegales en diciembre de 2006 las vacaciones fiscales vascas hasta que se certificó el pasado mes de octubre que las diputaciones habían recuperado todo el dinero, una vez Araba culminó su parte.

Así, aunque el proceso de devolución se inició en 2007, Bruselas nunca ha estado de acuerdo con los cálculos de las diputaciones y ha interpretado su postura en clave de desafío. En ese pulso, la Comisión ha alegado que las autoridades vascas "o no aportaron o lo hicieron con retraso información" y que en otros casos "le enviaron muchos documentos carentes de importancia".

Para Europa, las diputaciones intentaban retrasar lo máximo posible la devolución de las ayudas y obstaculizar el proceso. Desde Euskadi se afirma que solo se defendían los intereses de las empresas.

La última conclusión de la abogada general de la UE desestima la petición de la Comisión en relación a otra línea de ayudas puestas en marcha por Araba y Gipuzkoa -créditos fiscales del 45%- y rechaza la devolución del dinero por parte de las empresas. En este caso, Sharpston recuerda que las sentencias que declararon ilegales las vacaciones fiscales no incluían esos regímenes y que por tanto no se pueden meter en el mismo saco.

Esta cuestión y otros argumentos salpican las recomendaciones de lagunas que podrían rebajar más la multa que casi con total seguridad se fijará en la sentencia. Así, el documento reconoce que las diputaciones ya han recuperado todo el dinero y percibe "vaguedad" en algunas decisiones de Bruselas. Además, admite que la controversia se debe "en gran medida" al hecho de que no se haya "identificado" el dinero a devolver hasta el año pasado. No lo hizo ni la Comisión al pedir la derogación de las ayudas en 2001, ni el Tribunal de Luxemburgo al declararlas ilegales en 2006. El importe a reintegrar por las empresas ha sido una incógnita hasta que Bruselas solicitó la imposición de una multa precisamente para forzar a las administraciones forales a acatar su criterio.

Sharpston reconoce que la "doble finalidad" de las normas de minimis"da lugar a los puntos de vista contradictorios" de ambas partes. Incluso considera que las dos posiciones están "justificadas en cierta medida", lo que refuerza la postura de las haciendas, si bien se inclina al fin por dar la razón a la UE.

Habrá que esperar unos 6 meses hasta conocer la sentencia y la multa que salvo sorpresa mayúscula se impondrá. Entonces, las administraciones vascas tendrán que establecer un criterio de reparto de la sanción y es posible que el Gobierno Vasco asuma una parte. La anécdota de la jornada la protagonizó el diputado de Araba, Javier de Andrés, que manifestó que se trata de "una competencia transferida" el año pasado y que por tanto la "sanción le corresponde al Reino de España".