LUXEMBURGO. Las vacaciones fiscales vascas vuelven hoy al Tribunal de Justicia Europeo en el penúltimo acto de su via crucis judicial. La abogada general de la corte de Luxemburgo Eleanor Sharpston hará públicas sus conclusiones en el proceso abierto a raíz de la petición de una multa por parte de la Comisión Europea y en concreto del Departamento que dirige el bilbaíno Joaquín Almunia. El criterio de la abogacía general -que equivale al fiscal de un proceso judicial ordinario- no es vinculante, pero las sentencias de los magistrados se inspiran habitualmente en estas recomendaciones.
Esa norma no escrita se ha cumplido en todas las actuaciones contra la fiscalidad vasca y por ello la opinión de Sharpston se presenta a priori como un paso casi definitivo hacia el final de un enfrentamiento que hasta a punto de cumplir dos décadas. La sentencia tardará en hacerse pública varios meses -todo apunta a que será después del verano- y contra ella no cabe ya ningún tipo de recurso.
El juicio a los incentivos fiscales que permitieron a las empresas salir de la crisis de los 90 toca a su fin casi ocho años después de que la Justicia europea los declarara ilegales y obligara a las diputaciones a recuperar las ayudas. Entonces se abrió otro frente por las diferencias entre Europa y Euskadi respecto a las cantidades a reintegrar y hasta finales del año pasado no se recuperó todo el montante exigido por el aparato comunitario.
Bruselas acusa por ello a la administración vascas de obstaculizar el cumplimiento de la sentencia y sobre la mesa está la petición de una multa de algo más de 64 millones de euros -25.817 euros diarios -, aunque la Comisión renunció a solicitar otra sanción de 236.000 euros diarios que podría haber elevado la factura por encima de los 150 millones tras la vista del pasado 10 de septiembre. Ese día también se paró el contador del castigo económico.
Todas las opciones están abiertas y las instituciones de la CAV trabajan con varios escenarios. El más improbable tiene posibilidades "mínimas" de ver la luz, a juicio de la administración vasca, y pasa porque la abogada general del Estado aconseje al tribunal que no imponga ningún tipo de sanción económica. Lo más probable es que hoy salga a la luz una "vía intermedia" entre las posiciones de la Comisión y las de las haciendas forales y ahí también hay diferentes opciones.
En caso de imponerse una multa, será técnicamente el Estado español el condenado y el encargado de satisfacerla, aunque en la práctica sea la CAV quien asuma el pago. Ese esquema implica, en principio, que la justicia Europea impondría una única sanción, pero lo cierto es que hay notables diferencias entre las diputaciones tanto en el volumen de ayudas concedidas como en el ritmo de recuperación.
Reparto de la multa Araba aprobó el 65% de los incentivos considerados ilegales -334 millones- y además fue el último en recuperarlas. Mientras que Bizkaia y Gipuzkoa concedieron ayudas por valor de algo más de 85 millones. De hecho, tras la vista oral del caso en Luxemburgo, Bizkaia solicitó a Europa que la multa se reparta en función de la responsabilidad de cada Diputación. Esa opción también podría explorarse más tarde en el ámbito doméstico a la hora de ingresar en las arcas del Estado el dinero de la pena economía.
Si la abogada general sitúa el proceso en un término medio entre la postura de Bruselas y la de la Administración vasca -representada por la abogacía del Estado- la multa será con toda seguridad menor.
En ese sentido, las diputaciones defienden que mostraron su disposición a acatar la sentencia en 2007, un año después de la sentencia que declaró ilegales las vacaciones fiscales, iniciando el proceso de recuperación de las ayudas. Sin embargo, las administraciones vascas consideraron entonces que las empresas afectadas podrían haberse beneficiado de deducciones en el Impuesto de Sociedades del 20%, el porcentaje de exención del que podrían haberse beneficiado si hubieran recurrido a los incentivos ordinarios que se establecían tanto en la CAV como en el Estado.
Así, apelando al concepto de minimis -las ayudas de perfil bajo que no requieren de la aprobación comunitaria por su escaso impacto en la competencia-, las diputaciones no reclamaron la devolución de todo el dinero. La Comisión Europea interpretó esa decisión como un desafío y, aunque los sucesivos gobiernos españoles han apoyado siempre el criterio vasco, Bruselas no se ha movido ni un milímetro y el proceso ha desembocado en la petición de la multa.
Por ello, la Administración vasca no descarta que Sharpston respalde hoy en parte la postura de la CAV reduciendo el importe a devolver por parte de las compañías y que opte por parar el contador de la multa antes de la fecha que propone Competencia. También cabe la posibilidad que plantee una sanción más reducida por entender que Euskadi no estaba planteando ningún desafío, sino defendiendo los derechos de sus empresarios.
