Bilbao. Los alrededor de 70.000 funcionarios dependientes del Gobierno vasco cobrarán a partir de mañana la primera paga extra de 2014. El Ejecutivo presidido por Iñigo Urkullu ha decidido abonar la misma al conjunto del personal que trabaja para la Administración pública vasca -funcionario y eventual- para incentivar el consumo. De este modo, la totalidad de los funcionarios públicos vascos de Hegoalde percibirán esta retribución ya que el Ejecutivo navarro también acordó el pasado lunes adelantar precisamente a mañana el pago de la extra de julio a los 19.000 empleados de la administración foral de Nafarroa.
En un comunicado emitido ayer, el Ejecutivo de Gasteiz explica que ha decidido adelantar las pagas extras de 2014 para incentivar el consumo y paliar los efectos "adversos causados por el Gobierno español al anular de la paga extraordinaria de diciembre de 2012". Desde el sector comercial vasco subrayan la importancia de esta iniciativa ya que la paga extra de fin de año "se destinaba básicamente y en gran parte al consumo navideño y su supresión fue un palo muy importante para el sector que vio caer las venta de manera notable".
El abono de la paga no implica que los funcionarios dejen de perder poder adquisitivo. El propio Ejecutivo de Gasteiz ha reconocido que aplicará en 2014 la congelación salarial a los empleados públicos, lo que afectará también al resto de los funcionarios de los ayuntamientos vascos, diputaciones forales y a los de la Administración española en la CAV.
El pago de esta paga extraordinaria es posible por la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para la Comunidad Autónoma Vasca en el último pleno de 2013. El Ejecutivo recuerda que se trata del segundo año consecutivo que el Gobierno vasco adelanta al conjunto del personal público el cobro de las dos pagas extraordinarias, y lo hace con el objetivo de "solucionar los perjuicios causados por el Gobierno español, en 2012, cuando decidió retirar la paga extra del mes de diciembre". El Gobierno vasco recurrió tal decisión ante el Tribunal Constitucional (TC) y, en este sentido, ha apelado al tribunal a que se pronuncie "lo antes posible en torno a esta cuestión".
Tanto el Gobierno vasco como las Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa se mostraron desde el principio contrarios a aplicar a sus plantillas una medida que supondría un recorte de alrededor del 7% en la nómina de los funcionarios. El desembolso de las arcas públicas por este concepto supone alrededor de 200 millones de euros.
El Ejecutivo de Urkullu indica que espera además una resolución favorable del alto tribunal de manera que los trabajadores de la Administración Pública Vasca "puedan recuperar esa cantidad lo antes posible".
Además de este de la paga extra, el TC tiene sobre la mesa otros cinco conflictos de competencias entre la CAV y el Estado acumulados en lo que va de legislatura. Así, entre otros, el Gobierno Vasco tiene recurridos los Presupuestos de Estado de 2012 y 2013 por prohibir a las administraciones realizar aportaciones a planes de pensiones de los funcionarios, el conflicto sobre las ayudas para becas Erasmus.
