vitoria. Según el estudio Claves energéticas del sector doméstico en Euskadi realizado por el Ente Vasco de la Energía en marzo el gasto medio en energía de una familia vasca es de 1.008 euros, de los que 686 euros corresponden al consumo eléctrico. Según la Asociación de Consumidores de la CAV en la actualidad una familia vasca paga al año de media cerca de 900 euros en la factura de la luz. Sea cual sea la cantidad a abonar lo cierto es que esas cantidades se incrementarán desde el próximo mes de enero.

El Gobierno español aprobará mañana el nuevo mecanismo para determinar el precio de la luz y fijará así la cuantía en la que subirá la luz a partir del 1 de enero. De paso supondrá una nueva batalla en la guerra que el Ejecutivo parece está empeñado en mantener con las grandes empresas eléctricas. El cruce de declaraciones ha sido constante desde que el PP anunció su decisión de no asumir en los Presupuestos el desajuste de 3.600 millones que se generará el próximo año por el déficit tarifario.

El Gobierno se empeña en repetir que la factura eléctrica no subirá en cerca de un 11%, como quedó establecido en la subasta de energía entre las comercializadoras de último recurso (Cesur) de la pasada semana. Pero la mayor parte de los 860.500 hogares vascos y de las más de 58.000 empresas de la CAV estarán muy pendientes de la decisión que tomen los populares porque están abonados a esa tarifa de último recurso.

Los hogares y las empresas saben ya que la electricidad se volverá a encarecer porque al menos una de la dos patas que forman la factura, la parte de peajes, sí se incrementará. El Gobierno, que es quien regula esa parte, ya lo ha dejado claro. Esa subida de una de las patas aportará un incremento del 1%, pero falta por conocer cuanto se incrementará la otra pata del recibo -compuesta por la energía consumida, la generación, el transporte y la distribución-. Lo cierto es que en ese campo los costes han subido, por lo que la subida se antoja inevitable. Falta en cualquier caso conocer la cuantía.

Según datos del EVE publicados a finales de noviembre, el precio en España del mercado diario OMIE en octubre fue un 12,8% superior al del mismo mes de 2012, alcanzando los 51,5 euros/MWh. El precio base Cesur para el último trimestre del año era de 47,6 euros/MWh.

El anuncio de no asumir en los Presupuestos el desajuste del déficit tarifario lo realizó el Gobierno el pasado 29 de noviembre y, casualidad o no, a partir de entonces el mercado de mayoristas -el de los grandes comercializadores- ha marcado récord tras récord anticipando la subida de la factura en los hogares a partir de enero.

Campaña de Iberdrola La firma vasca Iberdrola, una de las grandes eléctricas del Estado, ha puesto en marcha una campaña para explicar que el 62% de la factura mensual de electricidad corresponde a costes ajenos al suministro eléctrico. Según la compañía con sede en Bilbao de los 51 euros de la factura mensual de un hogar medio, "solo 19 euros corresponden a la energía kWh consumida y a las líneas eléctricas para llevarla". El resto, 32 euros, asegura que "son costes ajenos al suministro eléctrico" -15,7 euros se destinan a cargas fiscales, 9,7 euros a subvenciones medioambientales, 1,9 euros a subvenciones territoriales, 1,3 euros a ayudas sociales, y los 3,4 euros restantes a otros capítulos-.

La alta tensión entre eléctricas y Gobierno ha quedado patente en los últimos días, con las familias y las empresas como probables paganos. El cruce de declaraciones ha sido constante desde que el jueves el Gobierno pusiera en cuestión la honestidad de las empresas eléctricas, llamando a investigar la subasta del Cesur. La patronal de las eléctricas no ha aceptado que se les acuse de "manipulación".

La patronal sectorial, Unesa, defendió el lunes la legalidad de su actuación a través de su presidente, Eduardo Montes. "Desde el Ministerio se nos ha acusado de manera muy dura de haber manipulado cuando no existe nada que permita decir eso", dijo. El ministro José Manuel Soria señaló por su parte que no desea entrar en un cruce de declaraciones con la patronal eléctrica. Consideró "legítimo" que Unesa "defienda sus intereses" y dijo que su Gobierno "defiende el interés general".

Lo cierto es que a esta hora el ministerio de Industria trabaja a contrarreloj. Según lo anunciado el ministro Soria llevará al consejo de ministros de mañana una propuesta sobre la tarifa eléctrica que "recogerá mejor las señales del mercado" y que impedirá que se produzcan las "manipulaciones" que ha observado el Ejecutivo popular en la última subasta entre comercializadoras. A la espera de lo que dé de sí, los hogares y empresas ya saben que tendrán que rascarse más el bolsillo desde la próxima semana.