eXisten, cuando menos, tres formas de interpretar las causas y consecuencias de la tormenta eléctrica que se avecina. Dos de ellas, surgidas del poder político y financiero, tienen objetivos concretos y definidos que se hacen notar en detrimento de los intereses de la tercera. Así, podemos comprobar como una se proyecta desde el púlpito del recaudador soberbio e insensible a las necesidades de contribuyente. Otra se elabora en los despachos del insaciable oligopolio neoliberal que domina desde la sombra la escena financiera de uno de los servicios públicos más básicos y llega, como es el caso que hoy nos ocupa, a enfrentarse a la primera.

La tercera, simplemente padece en sus carnes los daños colaterales de la recaudación de unos y la ambición de otros. Es mayoritaria, pero solo cuenta para gobernantes y empresas como un número fiscal, como elector (cuando hay que acudir a las urnas) o como consumidor. Con estos requisitos, grabados a sangre y fuego en el frontispicio de un contexto social sacudido por la crisis económica, cualquier proyecto, idea o reivindicación que pretenda paliar parte del daño causado caerá en saco roto, como ha ocurrido esta semana con la propuesta de una 'tregua energética' para evitar que se corte la luz o el gas a quienes no pueden pagarla.

Se trata, todo hay que decirlo, de un cruel cambalache donde un día (martes 17 de diciembre) el Gobierno de Rajoy y su partido niegan el derecho de las familias más necesitadas a tener, en estas fechas navideñas, luz y calefacción, para, 48 horas más tarde (jueves, 19) poner en solfa la subasta del mercado eléctrico, acusando a las empresas de manipulación y anulando los resultados que establecían una subida del 11% en las tarifas, pero sin renunciar al incremento del 2% decretado por orden ministerial. Y tras negar a muchas familias el derecho a vivir sin pasmarse de frío, se erigen como defensores de la vida con la nueva ley del aborto.

Todo un ejemplo de disparate atropellado y bochornoso, forjado con alevosía en las entretelas de un Ejecutivo acuciado por la cita electoral del próximo mes de mayo y por las acusaciones de corrupción hacia los dirigentes de su partido. Cabría preguntarse si hay algo más cómico que el deambular de los carteros de Educación (Wert), Sanidad (Mato), Hacienda (Montoro), Empleo (Báñez) o Energía (Soria) si no fuera porque sus decisiones, marcadas por la obsesión de reducir el déficit público a costa de la sociedad, han sido extraordinariamente lesivas para estudiantes, profesores, enfermos, personal sanitario, contribuyentes, trabajadores y consumidores.

En medio de esta batalla entre Gobierno y empresas, lo único claro es que, pese a que el consumo eléctrico ha descendido a niveles de 2005, el precio se ha incrementado en un 70% desde entonces y seguirá subiendo en los próximos meses. Una situación incomprensible. Se supone que el precio de un producto en el mercado libre depende de la relación entre oferta y demanda. Sin embargo, aunque baje la demanda, el recibo de la luz sube y los gobiernos de turno (incluidos los de Zapatero) no se han preocupado por esta incongruencia ni por la existencia de un oligopolio formado por las cinco compañías eléctricas, salvo cuando el mercado se sale del guión que pretendía imponer el errático Gobierno de Rajoy que decide una reforma energética que no gusta a nadie, saca de los presupuestos los famosos 3.600 millones de euros y pretende que la subida de la luz sea mínima.

Cuando todo esto les explota en las manos, instan a la Comisión Nacional de la Competencia para que en 24 horas averigüe qué pasó en la subasta, ante la posibilidad de una manipulación ("circunstancias atípicas") abriendo la puerta a su invalidación. No es cuestión de entrar en aspectos técnicos de la subasta o de la composición de la tarifa eléctrica. Ambas cosas son muy confusas y necesitarían algo más que estas líneas para explicarlo con claridad. Pero sí podemos apuntar que la posibilidad de anular la subasta del jueves solo puede hacerse con un detalle pormenorizado de los argumentos jurídicos que avalan la anulación. Dicho en otras palabras, una decisión de esta naturaleza solo se puede tomar cuando los participantes en la subasta han cometido algún delito.

Pero, aún hay más, Rajoy y su ministro Soria han vuelto a hacer el ridículo. No solo se enfrentan a los consumidores indignados por los recortes y la carestía de servicios básicos, las empresas eléctricas también están en pie de guerra, así como los fondos de inversión internacionales que participan en su capital social, sin olvidar el mercado de Londres, donde se cruzan operaciones con la electricidad española.