MADRID. El recibo de la luz podría subir un 14% el próximo año a cuenta del déficit de tarifa eléctrico por lo que serán los consumidores los que tendrán que afrontar los efectos de la nueva reforma del sector energético, según estimaciones de la organización de consumidores y usuarios, Adicae.

De hecho, esta próxima semana está previsto que el Senado apruebe el proyecto de Ley del Sector Eléctrico tras una insólita actuación del Partido Popular que no ha dudado en enmendar de arriba a abajo el propio texto que presentó en un Consejo de Ministros del pasado mes de julio y que no contentaba a nadie.

Nada menos que un centenar de enmiendas ha presentado el Grupo Popular a su proyecto de reforma eléctrica, de forma que prácticamente lo ha reescrito. Ello, tras cambios de última hora tan significativos como el registrado el pasado viernes tras negarse el ministerio de Hacienda a afrontar el pago de la partida económica pactada por el ministerio de Industria con el sector eléctrico como parte de la fórmula para poner fin al conocido como déficit de tarifa eléctrico. La administración pública tenía que aportar 3.600 millones de euros para compensar los desequilibrios de 2013: 2.200 millones de un crédito extraordinario para paliar parte del déficit de tarifa; 900 millones para las extrapeninsulares y 500 millones de la recaudación de los impuestos energéticos.

La decisión amotinó a las grandes compañías productoras de electricidad, -de repente vieron como el Ejecutivo les quería cargar en sus cuentas los citados 3.600 millones-, que no han dudado en esgrimir los recursos judiciales contra varios aspectos de la normativa que consideran tienen efectos retroactivos, y hacer lobby en Bruselas, lo que llevó al ministro Cristóbal Montoro a improvisar sobre la marcha, una vez más, el miércoles un principio de acuerdo por el que se compromete a avalar la titulación de la deuda resultante del déficit de tarifa de 2013 durante el próximo año.

La reforma energética del Gobierno español sólo tenía un sentido en su origen: eliminar el déficit de tarifa eléctrico, -la supuesta diferencia existente entre lo que cuesta generar la electricidad y lo que se cobra por ello en el recibo de la luz-, recortar las crecientes primas al sector de renovables, y, en definitiva, intentar conseguir que España pueda cumplir con los compromisos de reducción del déficit público de Bruselas.

En aras de ello ha puesto en marcha una normativa que, por ahora, lo único que hacer es generar inseguridad jurídica, y aumentar los costes de la energía para los consumidores, ya sean particulares o empresas, que ya abonan unas de las tarifas más altas de Europa, lastrando la competitividad de la industria que gracias a las exportaciones está paliando la crisis del mercado interno español. Todo ello en un contexto en el que la demanda de electricidad en el Estado español sigue a la baja, con una caída del 2,4% este año.

Electricidad, en máximos Las fuertes discrepancias sobre la reforma entre las grandes eléctricas y el Gobierno español parecen haber amainado tras la entrevista de sus máximos responsables con Cristóbal Montoro de esta semana pero la espada de Damocles de una fuerte subida del recibo de la luz en 2014 sigue sobre la mesa porque la pasada semana el precio de la electricidad en el mercado mayorista, conocido como pool, se situó en cotas superiores a los 87,63 euros por megavatio hora (MWh), lo que suponía el nivel más alto desde 2006, según datos del operador del mercado, Omel. Ello implica que las estimaciones para el primer trimestre de 2014 suponen unos precios un 13,5% superiores a los que sirvieron de base para fijar las tarifas de octubre. Como se recordará la evolución del mercado resulta clave para la revisión del coste de la energía dentro de la Tarifa de Último Recurso (TUR) en enero. Este componente de la energía supone el 50% en la composición final del recibo.

Así las cosas, el Gobierno del PP y su grupo parlamentario no han dudado en variar de manera sustancial el proyecto de Ley del Sector Eléctrico a su paso por el Congreso y el Senado. La norma ha recibido hasta ahora, sólo del Grupo Popular, un centenar de enmiendas, de forma que el texto definitivo que saldrá en el BOE a finales de año no se parecerá en casi nada al que salió del Consejo de Ministros del pasado 12 de julio. Una normativa que el ministro de Industria, José Manuel Soria, sacó deprisa y corriendo y sin consenso alguno, con decretos paralelos que incluyen medidas que incrementan sustancialmente los costes para la industria, en especial para la vasca, intensiva en el uso de energía y con una tarifas de acceso más caras por contar con unas conexiones, herencia histórica de la industrialización, distintas a las de la mayoría del Estado.

Ello llevaba a absurdos tales como que una multinacional con plantas en Euskadi y Castilla veía como las vascas podían pagar un 30% más que las castellanas haciendo lo mismo de prosperar las propuestas de Soria. Afortunadamente, la insistencia del PNV y sus argumentos avalados por datos, parecen haber convencido al PP que ha aceptado varias enmiendas del Grupo Vasco para paliar situaciones como la citada.