perdonen los palabros con los que titulo el artículo de hoy. Pueden parecer demasiado misteriosos, después de estar alejado de estas páginas durante los últimos dos meses, pero es la mejor manera que he encontrado para definir la política económica que viene desarrollando Rajoy y su equipo de gobierno. Verán, el primero de los palabros define el trastorno de la personalidad obsesiva-compulsiva (TPOC) o, dicho en otras palabras, es un desorden mental que asocia a individuos obsesivos intolerantes con quienes se salen del espacio o misión que ellos señalan. Son de mentalidad extremadamente rígida e incapaces de la espontaneidad y muy dados a respetar normativas relacionadas con la organización.

Esta es la imagen que dan los miembros del actual Gobierno español, obsesionados por adelgazar el déficit público resultante de la relación cuantitativa entre un gasto público que supera a los ingresos fiscales. Aspiran a cumplir así los compromisos adquiridos con la vigilante Troika. Hasta aquí la estrategia tiene poco que criticar, si no fuera porque esta obsesión conduce a la mentira compulsiva, también conocida como mitomanía o pseudología fantástica, donde puede existir o no intención de engañar o estafar, aunque el verdadero fin es deformar la realidad para contar una historia personal más llamativa.

Pues bien, esto es lo que está ocurriendo ahora en un país miembro de la UE llamado España, donde el presidente del Gobierno no ha cumplido ni una sola de las promesas electorales que hizo cuando aspiraba a sentarse en la poltrona de La Moncloa, y ha seguido mintiendo en estos últimos 24 meses. Por ejemplo, el domingo 10 de junio de 2012, aseguró en rueda de prensa que el recate bancario (100.000 millones de euros) no iban a costar un euro a los españoles. Dicho lo cual se marchó a Polonia para presenciar el partido inaugural de la Eurocopa porque "es bueno que el presidente esté en el partido inaugural".

Ahora asegura en sede parlamentaria que no se está destruyendo empleo, amparándose en que no suben las cifras de paro, pero oculta el fuerte descenso en la población activa (370.400 personas menos en los últimos doce meses). Es cierto, por otro lado, que la afiliación a la Seguridad Social ha experimentado un crecimiento cercano a las 55.000 personas en octubre, pero no dice que el balance interanual registra un descenso de 376.354 afiliados.

Como se puede comprobar, siguen instalados en la mentira o en las medias verdades con tal de lavar su imagen ante la opinión de los inversores extranjeros, cuyos fondos buitres sobrevuelan la feria de las oportunidades en la que se ha convertido el mercado español, especialmente el inmobiliario, con la incursión del fondo de capital riesgo Blackstone, que compró 1.860 pisos de VPO en alquiler al Ayuntamiento de Madrid por 125,5 millones de euros, y el banco Goldman Sachs, que ha adquirido 3.000 pisos al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) por 201 millones de euros. Por poner una cifra más entendible, el coste medio de estos pisos asciende a 67.000 euros.

Es posible que estas operaciones faciliten adelgazar la deuda contraída por el sector bancario, pero difícilmente serán alicientes para crear empleo, que es la asignatura pendiente si de verdad se quiere decir que ha comenzado la recuperación. El problema viene dado porque la obsesión sobre el déficit y la deuda se fundamenta en que es necesario reducir el gasto público, lo cual justifica todo tipo de recortes (sanidad, educación, dependencia, etc.), cuando la auténtica contrariedad viene por el fuerte descenso en los ingresos registrado por la destrucción de empleo y el desplome del consumo interno.

La última, y no menos llamativa, mentira la ha protagonizado el ministro Soria, quien hace unas semanas aseguraba que el Gobierno aportaría 3.600 millones de euros al sistema eléctrico. Pero, a la hora de la verdad, el grupo popular presentó el viernes en el Senado unas enmiendas en las que retira esa aportación ante la necesidad de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Esta decisión ha provocado un gran malestar entre los responsables de las eléctricas que consideran que el Gobierno les ha vuelto a engañar y tras afirmar que "va a hacer mucho daño" al sector, el presidente de Unesa, patronal que agrupa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Eon España y EDP, ha considerado además que "va a suponer un encarecimiento a medio plazo del recibo eléctrico".

Por tanto, ya tenemos en ciernes una nueva subida del recibo de la luz, porque el Gobierno español quiere cumplir con sus objetivos de déficit público y, para ello, nada mejor que utilizar los bolsillos de los ciudadanos.