Bilbao. "Euskadi ha competido siempre con los fueros, ahora nosotros lo hacemos con el suelo". El Gobierno de Cantabria pone las cartas boca arriba y marca su territorio en un enfrentamiento en el que a día de hoy la CAV no quiere entrar. El presidente cántabro, Ignacio Diego, defendió ayer la legalidad de las ayudas a la implantación de empresas en su comunidad y reconoció además que está llamando a la puerta de empresarios vascos para que den el salto al otro lado de la muga.
Diego respondió en clave de desafío a la apertura por parte de los servicios jurídicos de la administración vasca de una investigación sobre el anclaje legal del controvertido programa de cesión de suelo. En opinión del presidente cántabro, no hay duda sobre la legalidad de una iniciativa "audaz" y de "éxito" de la que se siente "orgulloso".
Al mismo tiempo, mostró su disposición a explicar el programa a Lakua para despejar sus dudas, aunque "confesó", desplegando ironía, estar "más ocupado" presentándoselo a los empresarios vascos que se "están interesando". Cantabria ya se mueve en parámetros de guerra abierta, mientras Euskadi espera el resultado del informe sobre la legitimidad de la medida. La sociedad que gestiona el suelo industrial público cántabro (Sican) ofrece suelo gratis durante cinco años a las empresas que quieran abrir plantas en la región y asuman compromisos mínimos de permanencia, inversión y empleo. A partir del sexto año, la compañía empieza a pagar un canon del 6% del valor del terreno y tiene un plazo de 15 años para adquirirlo en propiedad o en caso contrario disfrutará de una cesión por 50 años.
Fuentes empresariales consultadas señalan que ahí puede estar la base legal de la iniciativa. No se trata de una cesión gratuita del suelo sino de diferir el alquiler o la compra a un momento en el que la empresa ya estará asentada. A efectos prácticos, se reducen los costes del lanzamiento de actividad, pero aplazándolos, no eliminándolos. Ese matiz podría alejar el programa de la sombra de las Ayudas del Estado, cuya persecución ocupa gran parte de la actividad de la Comisión Europea. El Gobierno vasco no da pistas sobre la investigación que están llevando a cabo sus servicios jurídicos. Mientras, Cantabria ha encontrado el eco mediático que no ha tenido su promesa de suelo industrial pseudogratis. En los cinco meses que lleva en vigor el programa solo ha convencido a cinco empresas y ninguna de ellas es vasca. Se trata de hecho de compañías cántabras que se han trasladado desde emplazamientos empresariales de núcleos urbanos a polígonos industriales. La sociedad que gestiona los parques empresariales, Suelo Industrial de Cantabria (Sican), solo ha hecho pública una operación este mes aunque en octubre dijo que había varias implantaciones "en fase de estudio" que iban a dar el paso en "próximas fechas".
Polígonos limítrofes El consejero de Industria de Cantabria, Eduardo Arasti, ha logrado que tanto la patronal de esa comunidad como las cámaras de comercio de Santander y Torrelavega firmen convenios de colaboración para impulsar la iniciativa, que en la terminología que maneja la consejería es el plan de "compra de suelo gratuito" a pesar de que el mecanismo es en esencia un aplazamiento de los pagos de adquisición.
Técnicamente el programa no está dirigido a ningún perfil concreto. No hay un dato que demuestre que el objetivo sea lanzar el anzuelo a la CAV y en concreto a Bizkaia. Sí hay en cambio algunos indicios que apuntan en esa dirección y no solo en el reconocimiento por parte del presidente regional de que se está tanteando al tejido productivo del territorio vecino. El más claro es la elección de los cuatro parques industriales en los que está en marcha la ayuda, todos están a una hora como máximo de Bilbao, y dos de ellos están cerca de la muga con Bizkaia -Ramales de la Victoria- o prácticamente en ella -Castro-.
Esa cercanía no ha despertado gran interés entre los empresarios vascos, que observan en general con recelo una actuación centrada exclusivamente en el abaratamiento de los costes sin que haya trascendido la existencia de un plan industrial que refuerce la actividad una vez agotado el periodo de gratuidad del emplazamiento. A esas reticencias, se suma asimismo la posibilidad de que Bruselas declare ilegal el incentivo en el futuro como ha ocurrido con las denominadas vacaciones fiscales vascas y dentro de un tiempo se les exija a los empresarios hacer frente a los pagos que ahora se ahorran. "No hay -sostienen desde la clase empresarial vasca- un gran atractivo en esa oferta y si además hay sombras sobre su legalidad, su recorrido es muy limitado".
Tal vez consciente de esta circunstancia, el presidente de Cantabria envió un mensaje a los empresarios: no está "en absoluto" preocupado porque la oferta de suelo cuenta con el "respaldo y aval" de informes jurídicos que apuntan que es "favorable en todos sus contenidos". Euskadi no tiene en opinión de Diego "ningún resquicio legal" para abrir una batalla en Bruselas.
El programa agota su vigencia sin que se hayan producido grandes adquisiciones de terreno. De los 240.000 metros cuadrados de suelo incluidos en el programa solo se han adjudicado en torno a 19.000, el 8% del total. El plazo para poder acogerse a esta medida finaliza en principio el próximo 31 de enero de 2014. No obstante el presidente cántabro aseguró que se está estudiando la posibilidad de ampliar el incentivo por la acogida que ha tenido entre los empresarios.
Esa opción, llega justo cuando el plan se ha hecho visible sin necesidad de poner en marcha una campaña publicitaria.
