madrid. El globo sonda lanzado por Mariano Rajoy acerca de una posible modificación del derecho de huelga ha encendido el malestar en los sindicatos y también en muchos partidos, reacios a tocar un punto tan sensible de las relaciones laborales. Pero el Ejecutivo español está decidido a abordar esta reivindicación tradicional de la patronal española y ha contactado ya con los líderes de CCOO, UGT y CEOE para aunar posturas. Frente a los aplausos de los empresarios, las centrales consideran que no es el momento de cambiar como está regulada la participación en una huelga.
El Gobierno encuentra la justificación para limitar el derecho de huelga en el reciente paro de los trabajadores de la limpieza de Madrid, que ha obligado a las empresas a retirar los despidos pero que ha puesto en jaque la imagen de la capital del Estado y la credibilidad del Consistorio durante casi dos semanas. Bajo el pretexto de garantizar los derechos de los ciudadanos durante una huelga, el presidente del Gobierno prevé aprobar una ley "para que se cumplan" los servicios mínimos previstos, indicó el jueves.
La CEOE no ha esperado para aplaudir la propuesta y ayer su vicepresidente, Arturo Fernández, pedía además ir más allá del cumplimiento de los servicios mínimos para modificar la ley de huelga, "que está pendiente desde el año 77", indicó Fernández en referencia al decreto de ese año, anterior a aprobarse la Constitución, en el que se recoge que el Gobierno podrá fijar los servicios mínimos que considere necesarios en el caso de que las empresas a las que afecte la huelga ofrezca prestaciones de "inaplazable necesidad". Además, el derecho a la huelga viene recogido en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores, precisando que se deben garantizar los "servicios esenciales de la comunidad". La fijación de los servicios mínimos suele dar lugar a discrepancias entre la parte social y la administración, de hecho es frecuente que los sindicatos los lleven a los tribunales. Otro habitual foco de discusión es si estos servicios se realizan o no, y esto es, según Rajoy, lo que se quiere asegurar.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó ayer que se legislará tras dialogar con los agentes sociales, aunque indicó que el Ejecutivo ya está realizando una propuesta de base. Según el Gobierno, el objetivo es trabajar en un marco jurídico que asegure "el anverso" del derecho a la huelga y permitir que la ciudadanía pueda recibir unos servicios "que a veces son muy esenciales". Desde la oposición se considera que lo que el PP pretende es "una ley de huelga encubierta" para disuadir a los trabajadores de secundar las convocatorias. El secretario general de CCOO, Ignacio Toxo, cree que "es un calentón" del Gobierno por el conflicto de la limpieza y considera que introducir cambios ahora es "muy inoportuno".
l Decreto de 1977. Dice que en las huelgas que afecten a empresas que prestan servicios de "inaplazable necesidad" el Gobierno podrá fijar los servicios mínimos que considere y aplicar "medidas de intervención adecuadas" para que se cumplan.
l Constitución. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores "para la defensa de sus intereses", aunque dice que se garantizará el mantenimiento de los "servicios esenciales de la comunidad".
l Estatuto de los Trabajadores. Entre los derechos y deberes de los trabajadores figuran algunas como la libre sindicación, la negociación colectiva, el conflicto colectivo y la huelga.
