MADRID. En un escrito remitido al Juzgado de lo Mercantil número 5, que en 2010 le declaró en concurso necesario de acreedores, el exdueño de Viajes Marsans alega que la supervivencia de ambos "exige atender una serie de gastos indispensables para garantizar no solo su mínima subsistencia, sino incluso su propia dignidad personal".

Su permanencia en la prisión de Soto del Real -en la que ingresó el pasado diciembre por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga en la "operación Crucero" el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans- "implica abonar una serie de importes en concepto de productos alimenticios y de higiene personal que no se ofrecen en el centro penitenciario".

A esta situación, "crítica de por sí", pues está "imposibilitado -por razones obvias- para efectuar el ejercicio de actividad remunerada alguna", se suma el hecho de que su mujer, Raquel Santamaría, "no puede, en razón a su avanzada edad, trabajar por cuenta ajena ni propia".

Santamaría, que ha "venido dependiendo exclusivamente" de él, "precisa abonar los recibos básicos de la vivienda en la que habita (agua, gas y luz)" y la compra de alimentos "necesarios para su subsistencia", relata la petición.

Negarle una cantidad, prosigue, "supondría dejarla en el más absoluto de los desamparos y en una situación de extrema precariedad personal".

Dado que los gastos que tiene el matrimonio "no son en absoluto superfluos", sino "indispensables y necesarios para su supervivencia", el escrito reclama al juez que ordene el abono de alimentos "en la cuantía suficiente para cubrir sus necesidades personales y las de su cónyuge" con cargo a la masa activa del concurso.

En este sentido, el expresidente de la patronal precisa que desde septiembre de 2012 está percibiendo su pensión de jubilado en una cuenta bancaria de Madrid que fue intervenida por la administración concursal.

Según un informe policial aportado a la causa que se sigue contra él y el empresario valenciano Ángel De Cabo en la Audiencia Nacional a raíz de una denuncia de las empresas turísticas Meliá y Orizonia, representada por el despacho de abogados Ashurst, a la que se sumó AC Hoteles y Pullmantur, Díaz Ferrán llegó a acumular bienes inmobiliarios valorados en 88 millones de euros.

Dicho informe incluía un listado con una veintena de propiedades, como la finca El Alamín, en la localidad toledana de Santa Cruz de Retamar, valorada en 40 millones; su domicilio familiar en Madrid, además de gasolineras, locales comerciales, solares, plazas de garaje y viviendas en la capital, Málaga y Mallorca, así como dos apartamentos en Nueva York cuyo valor conjunto es de 7,47 millones.