GASTEIZ. Nunca había existido un departamento del Gobierno Vasco con tal peso del Producto Interior Bruto de la CAV concentrado: Industria, Agricultura, Turismo, Innovación... La consejera Arantza Tapia se encuentra en medio de una coyuntura en la que la crisis en vez de alejarse se centra en sectores básicos del tejido industrial vasco. Y la situación de Fagor Electrodomésticos no es la única preocupante.

El Gobierno Vasco se muestra muy crítico con la gestión que se está llevando en Mondragón de la crisis de Fagor Electrodomésticos. ¿Qué debe cumplir el futuro plan estratégico para poder paliar la situación de Fagor?

Tiene que ser muy riguroso y muy realista. Realista en lo que hay que hacer y en los tiempos en los que hay que hacerlo considerando distintos escenarios en función de cómo pudiera evolucionar el mercado. En un primer momento se planteó un escenario muy optimista y muy ajustado en tiempos y no se ha podido llevar a cabo. Pero también porque el propio plan de reestructuración inicial pasaba por considerar que las plantas de Francia, en vez de cierres, tenían que afrontar una serie de cambios y un plan de reindustrialización, algo que demandaban unos plazos mucho más largos de los disponibles.

¿Y ahora qué se debe hacer?

Ahora ese escenario ya no es planteable. Ahora hay que valorar qué puestos de trabajo y qué producciones se pueden mantener. Además hay que valorar el impacto de poner en marcha un ajuste en otros agentes como los proveedores. Se precisa un plan de reestructuración, bien preparado, estricto y evaluado por un comité de riesgos.

¿Cuál es el volumen del riesgo financiero que tiene el Gobierno Vasco con Fagor Electrodomésticos?

Entre unas cosas y otras, cerca de 55 millones de euros. El Gobierno Vasco ha hecho lo que tenía que hacer y ha apoyado a esta empresa, dentro de sus posibilidades y siempre de acuerdo con la legalidad vigente y a los programas disponibles, al igual que lo hace con otras. Se ha hecho de acuerdo a las herramientas de que se disponía. Ya en la legislatura anterior había unos programas de apoyo al I+D al que podían acudir todas las empresas del país, además había un acuerdo con el ministerio español con una serie de ayudas adicionales que no eran subvenciones a fondo perdido sino préstamos avalados por el Gobierno. De estos préstamos se han beneficiado también otras empresas no solo Fagor Electrodomésticos. Cuando se podía, que ahora no se puede, se le concedió un aval de 12 millones de euros para hacer lo que tenía que hacer. Lo último se lo dimos a través de Ekarpen, una sociedad en la que además del Gobierno, están las diputaciones forales y Kutxabank. En esta fase entraron también Caja Laboral y Lagun Aro. Este último apoyo era por un montante de 40 millones de euros, todo ello supeditado a un plan de reestructuración y de relanzamiento de la empresa.

¿La cúpula cooperativa de Mondragón puede hacer más?

A partir de que el plan estratégico esté preparado, lo que se precisa es que la propia Corporación Mondragón (MCC) se implique a fondo. Que crea de verdad en el mismo. A partir de ahí el Gobierno Vasco acompañará, ayudará, facilitará pero recordando que nunca toma la posición de una empresa privada.

Desde ámbitos financieros no se cuestionan los principios del cooperativismo pero sí la forma jurídica en que se articula el grupo porque no facilita la gestión en el mundo del siglo XXI. ¿Se necesitan cambios en Mondragón?

Hay cooperativas que en este mundo globalizado están funcionando muy bien y que han solventado esa cuestión. Lo que sí creo es que tenemos un problema de gobernanza en lo que es la Corporación Mondragón. No se ha dotado de un modelo adecuado para poder gestionar y tomar decisiones de forma rápida y ágil, para ser capaz de captar inversiones y para atraer capitales. Creo que no se cuestiona ni el modelo cooperativo, ni siquiera Mondragón como tal, pero parece evidente que hay que mejorar un modelo procedente de los años 50 del siglo pasado que nos ha traído hasta aquí en condiciones y que puede servir para pequeñas cooperativas.

¿No vale el modelo?

En situaciones complejas como esta y para empresas del tamaño de Fagor Electrodomésticos, y a los hechos me remito, el modelo no vale. Y lo que se demuestra es que los instrumentos que se tenían en Mondragón no eran los más adecuados. Por lo que esta situación hay que verla como una oportunidad para cambiar lo que sea preciso, porque esta crisis no será la última y hay que estar preparado para la siguiente.

¿Cuándo se podrá aclarar algo el panorama futuro de Fagor?

Por razones lógicas de prudencia no puedo decir mucho más pero una fecha crítica sería a finales de este mes.

Los astilleros vascos siguen sin cerrar nuevos contratos y el más grande, La Naval de Sestao, empieza a notar la falta de trabajo.

Sí. Es verdad que La Naval es quien tiene más problemas. Construye buques grandes muy especializados que precisan de una financiación adecuada, de una cuantía notable, que sigue sin resolverse. Tiene un crédito importante con una entidad financiera, que lo tiene pignorado, lo que supone un lastre adicional y hasta que no se resuelva el tema de las recuperaciones del tax lease anterior, el 18 de noviembre que es otra fecha crítica en el horizonte, La Naval tendrá difícil firmar nuevos contratos de buques. El astillero está trabajando, con remodelaciones, reparaciones, etc., pero hay que cerrar ya el capítulo de las devoluciones de ayudas para poder pensar tranquilos en el futuro.

¿Está trabajando el Gobierno Vasco con los astilleros para mejorar su competitividad?

Sí. Estamos colaborando con el sector vasco de construcción naval para poder aumentar la competitividad de las empresas y para poder trabajar con el nuevo sistema de tax lease que es muy complejo de utilización. En este tema hay que pactar con la Hacienda del Estado hasta donde puede llegar la bonificación fiscal en las nuevas construcciones de buques. Europa permite un margen de actuación y desde Euskadi queremos que este margen sea lo más amplio posible pero hasta ahora no vemos muy receptiva a la Hacienda española.

¿Es posible ayudar a la financiación de los astilleros?

Respecto a la financiación directa tenemos unos recursos previstos en el fondo naval estatal, que es el único que está autorizado para financiar grandes operaciones en los astilleros. Ahí, la CAV ha puesto 14 millones de euros, el Estado se ha comprometido a poner otros 20 millones y esperamos que otras comunidades hagan lo propio. Sabemos que no es un dinero excesivo pero puede servir para avalar casi cuatro veces más. Y buscamos otros fondos europeos, ya que Almunia dice una y otra vez que existen otros mecanismos de financiación no bancarios en la UE para este tema y ahí estamos, con el apoyo de Izaskun Bilbao en Bruselas, buscando opciones. Pero también queremos que se establezca un tax lease común europeo porque el gran competidor de los astilleros es Asia.

¿Hay un límite de tiempo?

Si no se cierra antes de fin de año el tema del tax lease la situación de los astilleros será muy complicada. Por lo tanto esperamos que Europa, que siempre exige cumplir los plazos, resuelva con la mayor celeridad porque llevamos dos años así y nuestras empresas no pueden cerrar nuevos contratos por las incertidumbres aún existentes.

Kutxabank está realizando un proceso de desinversiones en empresas vascas significativas, como Euskaltel o Ibermática. ¿Temen que se produzca una pérdida de centros de decisión en Euskadi?

Sí me preocupa que centros de decisión empresariales se puedan alejar de Euskadi y no solo los derivados de operaciones efectuadas por Kutxabank. En el caso de la entidad financiera vasca posiblemente sean desinversiones que haya que hacer necesariamente por las nuevas exigencias de contabilidad europeas para la banca y que penalizan las participaciones industriales de los bancos. Pero dicho esto nos gustaría que se hiciesen de la mejor forma posible para los intereses de todos y que ayuden a que exista algún tipo de influencia vasca sobre las compañías en cuestión.

¿No parece que le guste mucho el control de empresas vascas por fondos de inversión?

Hablamos mucho de buscar, en caso de cambios en la composición accionarial, que los socios que se incorporen sean socios industriales con vocación de permanencia. Los fondos de inversión, en su mayoría, tiene como objetivo estar tres años en una empresa y salir. Y ello, pensamos que es pan para hoy y hambre para mañana.

¿La reforma energética es tan negativa para la industria vasca como parece?

Sin duda. Aquí no se ha valorado que Euskadi concentra el 40% de la industria pesada del Estado español, -altamente consumidora de energía-, y que supone el 60% del consumo energético industrial. Frente al 7% que el Gobierno español señalaba en sus estimaciones que podían subir los costes eléctricos para las empresas con las primeras medidas que ha adoptado, la realidad es que las compañías en Euskadi han visto como se les ha encarecido, de media, el 20% lo que significa que hay empresas para las que el alza de costes energéticos es mucho mayor y ello supone un lastre para la competitividad de la industria que es el sector que gracias a las exportaciones puede tirar de la economía.

El error viene de lejos.

Aquí hay un problema importante con la energía fotovoltaica. Se ha bonificado la implantación de huertos solares, que no aportan tecnológicamente nada al país, y ahora el resultado es que no hay ni energía a precios competitivos, ni industria competitiva. La política energética en el Estado español es inexistente. Además de perjudicar a las empresas consumidoras de energía, también afecta a las propias empresas del sector energético que tienen un importante efecto tractor. Y el resultado es que se ha parado totalmente la inversión. La reforma energética se ha realizado solo con criterios financieros basados en intentar cubrir el déficit de tarifa, una cantidad económica muy importante fruto de la aplicación de una política de energías renovables muy mal planteada en su momento, y no obedece ni a una política industrial, ni a una política de competitividad de país.