GASTEIZ. La decisión de aplazar el debate sobre los temas más espinosos -Ley de Aportaciones y Actualización de balances- fue clave la hora de propiciar un acuerdo en el Consejo de Finanzas. De hecho, ninguna de las dos cuestiones estaban en el orden del día. Se debatió sobre el primer asunto a petición del diputado general de Araba, Javier de Andrés, y el segundo lo llevó a la reunión el de Gipuzkoa, Martin Garitano.
Se acordó formar un grupo de trabajo compuesto por dos miembros de cada Diputación y otros dos del Gobierno vasco para abordar la reforma de la Ley de aportaciones. Mientras que se tomará una decisión sobre la actualización de balances en el Consejo del próximo mes de febrero. Sin embargo, fueron temas candentes en la rueda de prensa y se reprodujeron en público las tensiones que generó ambas cuestiones durante la reunión.
Los tres diputados generales se mostraron favorables a modificar la actual Ley de Aportaciones pero con criterios diferentes. Araba sostiene que aporta al Gobierno vasco más de lo que debería por su peso real en la economía de la CAV y Gipuzkoa opina lo mismo. Bizkaia está dispuesta a negociar pero no admite la vara de medir que usa la Diputación alavesa, que plantea que se establezcan los coeficientes tomando como criterio la recaudación fiscal por habitante.
José Luis Bilbao defendió que el valor real de la riqueza de cada herrialde lo determina la recaudación sobre el PIB. Según este baremo, Araba es el territorio más rico, Gipuzkoa el segundo y Bizkaia "el más pobre" aseguró el Diputado general vizcaíno. El grupo de trabajo interinstitucional tendrá que limar esas diferencias y, aunque Gatzagaetxebarria no quiso poner un plazo para llegar a un acuerdo, el objetivo es cerrar una nueva ley de aportaciones el próximo año. La Actualización de Balances en el nuevo Impuesto de Sociedades se aplaza hasta el consejo de febrero, pero se intuye tormenta. Bizkaia ha recaudado 120 millones por ese concepto, mientras que Gipuzkoa ha conseguido 5 millones y Araba 2. Aplicando la ley, las diputaciones estarían obligadas a destinar a la financiación del Gobierno el 70% de los ingresos generado por ese tributo, unos 89 millones. La Diputación vizcaina asumiría algo más de la mitad de ese pago, la guipuzcoana, un 33% y la alavesa el 16%, lo que supondría un desajuste de unos 20 y 10 millones para estas dos últimas.
La distribución interterritorial de los ingresos está presente en las dos cuestiones que abordarán los próximos meses las administraciones vascas. Y José Luis Bilbao recordó ayer que no defiende solo los intereses de la Diputación, también los de los ayuntamientos vizcaínos.
