MADRID. Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que este plan de lucha contra el fraude es el "más ambicioso" de la Democracia, y ha incorporado, entre otras medidas, un conjunto de instrumentos legislativos y nuevos mecanismos de control contra el fraude de todo tipo.
De los más de 22.500 millones de euros obtenidos, 16.500 millones proceden de la lucha contra el fraude fiscal y 6.152 millones de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
En concreto, Santamaría ha destacado las actuaciones para frenar el fraude en las prestaciones por desempleo, que han permitido ahorrar 3.161 millones de euros en el pago de las prestaciones a 'falsos' parados. Según ha detallado, se han hecho investigaciones y comprobaciones que han afectado a 520.572 perceptores, más de medio millón.
Fuentes del Ministerio de Empleo han precisado a Europa Press que se trataría de perceptores de prestaciones contributivas de desempleo, el subsidio de paro y la Renta Activa de Inserción (RAI) que no tenían derecho a la prestación por incumplimiento de requisitos o falta de disponibilidad para el empleo, entre otras cosas.
Según datos del Departamento dirigido por Fátima Báñez, los beneficiarios de prestaciones registrados a finales de junio de este año ascendían a 2.801.625, mientras que los existentes en enero de 2012 eran 3.012.045.
De la misma forma, se han desarrollado actuaciones para frenar el fraude en otro tipo de prestaciones, como las de discapacidad o Incapacidad Temporal (IT), que han generado un ahorro de 408 millones. Además, se han detectado actividades no declaradas a la Seguridad Social por valor de 1.714 millones. Las inspecciones a empresas ficticias, por su parte, han sumado 35.761 procesos y han generado 557 millones.
A estos datos hay que sumar, ha indicado la vicepresidenta, el ensanchamiento de bases imponibles en unos 40.000 millones de euros, gracias a la amnistía fiscal y en 87.700 millones, gracias a la nueva obligación de informar de bienes e inmuebles en el extranjero, que hicieron 131.411 contribuyentes.
3.000 DETENIDOS O IMPUTADOS
De la misma forma, Santamaría ha resaltado la importancia de valorar la colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra el fraude que, en este mismo periodo, han desarrollado cerca de 700 operaciones destinadas a este fin que han permitido detener o imputar a más de 3.000 personas.
Asimismo, ha destacado el papel de España en las iniciativas internacionales, lideradas por el acuerdo con EE.UU. y seguidas por otros convenios firmados con multitud de países para evitar la doble imposición y fomentar los intercambios de información.
Por otro lado, la vicepresidenta se ha referido al esfuerzo del Gobierno para controlar las deudas tributarias adelantando la puesta en marcha de medidas cautelares en los procedimientos tributarios para evitar que la duración del proceso permitiera a los investigados ocultar sus bienes. En este año y medio, según ha avanzado, se han implementado 9.953 medidas cautelares.
Asimismo, ha resaltado el trabajo en la lucha contra el contrabando de tabaco, y ha asegurado que a lo largo del año 2012 el Gobierno se incautó de más de 8,7 millones de cajetillas de tabaco. En lo que va de 2013, se ha incautado de 3,9 millones de cajetillas y por primera vez se ha intervenido una factoría clandestina de tabaco.
VALORACIÓN "MUY POSITIVA"
Tras presentar las cifras, la vicepresidenta ha repasado algunos de los cambios introducidos por el Gobierno para mejorar la lucha contra el fraude, como la firma de nuevos convenios, la reforma del Código Penal o el aumento de efectivos de la Agencia Tributaria destinados a este fin.
En este sentido, ha recordado que los ingresos generados por la lucha contra el fraude aumentaron un 10,8% el año pasado y han superado con creces las expectativas del primer semestre de 2013.
A su parecer, las cifras merecen una "valoración muy positiva" porque el Gobierno se marcó la lucha contra el fraude como un "elemento clave", tras detectar una reducción "importante" de bases tributarias y ante la necesidad de luchar contra formas novedosas de fraude.
