BARCELONA. La Generalitat y el Gobierno vasco han hecho frente común ante el Estado para defender un modelo comercial propio y han formalizado este lunes la Declaración de Barcelona, un documento que aboga por el comercio de proximidad y el equilibrio entre los diferentes formatos de distribución y que muestra el rechazo de ambos gobiernos respecto a la legislación estatal, que invade competencias.
El secretario general de la Consejería de Empresa y Empleo, Xavier Gibert, ha presidido este lunes la reunión, a la que también han asistido el director general de Comercio, Josep Maria Recasens, y el director general del Gobierno vasco, Jon Zarate, además de representantes de patronales de comerciantes y organizaciones empresariales de Cataluña y Euskadi, ha informado el Gobierno catalán en un comunicado.
La Declaración de Barcelona advierte de que la "implantación de un modelo por parte del Gobierno central puede poner en peligro el modelo de comercio urbano, destruir puestos de trabajo y provocar la desertización de pueblos y ciudades".
También incide en la vulneración de competencias y la "imposición de leyes inconstitucionales" que impiden a las comunidades defender su propio modelo comercial, así como ejercer sus políticas en esta materia.
Cataluña y Euskadi enviarán el documento a las administraciones de todo el Estado y a las entidades representativas del sector para consensuar un posicionamiento común en materia de ordenación comercial ante el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y este primer documento, de análisis jurídico, se complementará con datos sobre los efectos de la normativa estatal en la sociedad.
El texto cuenta con el apoyo de la Confederación de Comercio de Cataluña (CCC), Pimec Comerç, la Confederación de Asociaciones de Comerciantes, hosteleros y empresas de servicios de Euskadi (Euskaldendak), Plataformas de Comercio Urbano y la Confederación Vasca de Comercio (Euskomer).
LEGISLACION ESTATAL
La Declaración de Barcelona analiza todas las normativas estatales que afectan a las competencias de las comunidades en materia comercial, como el Real Decreto Ley 20/2012 del 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que afecta a la regulación de los horarios comerciales y de diferentes modalidades de venta.
Asimismo, la Ley 12/2013 del 2 de agosto de medidas para la mejora del funcionamiento sobre la regulación de la cadena alimentaria afecta al ámbito competencial de inspección y control de las autonomías a favor de una Agencia de Inspección y Control Alimentario de nueva creación.
El Plan integral de apoyo a la competitividad del comercio minorista de España 2013 y anteproyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, así como el anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2012 del 26 de diciembre de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios son otras normativas que el texto recoge por la vulneración de competencias autonómicas que suponen.
El documento también recoge el Proyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado, sobre la concesión de licencias de implantación de empresas y la creación de una nueva estructura que aglutine el control sobre la regulación de la actividad económica.
