MADRID. Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha preguntado al ministro por el efecto que la política energética está teniendo en la competitividad del sector industrial.
Soria ha respondido que, ante la acumulación permanente del déficit tarifario año tras año, el Ejecutivo "sólo tenía dos alternativas: o adoptar medidas regulatorias para frenar el incremento del déficit de tarifa anual y aumentar la competitividad, o aumentar los precios al consumidor en aproximadamente un 42%".
"Optamos por la primera opción, adoptar un conjunto de medidas que afectan a los consumidores, porque es verdad que han subido los precios, pero también (afecta) a la administración pública, ya que una parte se financia con cargo a los Presupuestos, y a los operadores del sistema, tanto de energías del régimen ordinario como del régimen especial. Es verdad que la alternativa era subir los precios más de un 40%, pero esa opción nunca la contempló el Gobierno", ha añadido.
LOS INGRESOS NO CUBREN LOS GASTOS
El ministro ha insistido a renglón seguido en que todos los decretos y proyectos de ley que ha sacado adelante su departamento persiguen "incrementar la capacidad de competir de la industria española, aumentar su competitividad, pero también no incrementar persistentemente, como se venía haciendo, los precios de la electricidad".
Y, por ello, se han disminuido las retribuciones al transporte, a la distribución, a los sistemas insulares y extrapeninsulares, y también en los pagos por capacidad. "Pero ocurre una cosa en España: los precios del consumidor doméstico y de la industria están por encima de la media europea y, a pesar de ello, los ingresos del sistema no son suficientes para cubrir los costes de las actividades reguladas, acumulándose año tras año un déficit de tarifa que va directamente a los balances de las empresas", ha recordado.
Sin embargo, Aitor Esteban cree que parte de las decisiones de Industria están mermando la competitividad de un sector industrial que ya sufre duramente la crisis. En concreto, se ha referido a una orden aprobada el 3 de agosto "por la vía de urgencia y con apenas cinco días de información pública" para revisar los peajes de acceso a la energía eléctrica.
"Con esa orden en todas las tarifas, de baja y alta tensión, se incrementan de forma importante el término de potencia y se reduce el término de energía. En concreto, en la tarifa industrial 6.1, la tipo en el País Vasco, el incremento de potencia ha sido del 115% y la reducción del término de energía, del 66%", ha señalado.
SUBIDAS DE MAS DEL 20%
Así, tras un mes de vigencia de esa orden "el 58% de las empresas ha sufrido una subida superior al 20% en su factura en su tarifa de acceso", lo que supone que "el 87% de las empresas ha tenido un incremento superior a la media esperada" por el Gobierno, situada en el 7,5%.
Así, las decisiones del Ejecutivo están teniendo un "impacto individual en las empresas muy importante", lo que unido a la "crítica" situación económica de muchos sectores industriales está "agravando en gran medida la competitividad de las empresas y condicionando su actividad futura".
"El principal reto ahora es la pronta recuperación económica y del empleo, y en los principales sectores industriales no se puede perder mercado por la reducción de la competitividad. El incremento de los peajes de acceso para resolver el déficit provoca graves dificultades en empresas con capacidad exportadoras, y no se puede seguir cargando este déficit sobre algunas empresas que ya no tienen margen para competir, ya que eso puede provocar cierres, deslocalización de empresas, más paro y menos impuestos a recaudar", ha advertido el diputado vasco.
Por ello, el PNV ha pedido al Ministerio que revise el sistema de peajes "para evitar pérdida de competitividad", que permite a las empresas modificar la potencia contratada "en cualquier periodo, aunque no haya pasado un año desde la anterior modificación", que se revisen las tarifas de acceso que pagan las empresas con tarifa 6.1 ya que incluyen "costes que no les corresponde", y que se dé "seguridad al sistema retributivo de la cogeneración industrial, con desarrollos normativos que aporten certidumbre y confianza".
