madrid. El Gobierno español ha remitido a la Comisión Europea una notificación en la que el Ministerio de Hacienda señala que las deducciones fiscales autorizadas para la construcción de buques bajo el sistema conocido como tax lease entre 2007 y 2001 y que tendrían que recuperar de los inversores ascienden a 126 millones de euros, según fuentes del ministerio.
El Reino de España, -al que la CE le requirió la entrega antes del 18 de setiembre como fecha tope de la cuantía económica a recuperar y de la relación de inversores que han intervenido en las operaciones para obtener ventajas fiscales-, acompañó la información del montante total, según fuentes de Hacienda, de un listado de las operaciones en las que mediante la figura de Agrupaciones de Interés Económico (AIE) se cerraron los contratos de construcción de buques entre el 17 de abril de 2007, (fecha en la que se publicó el expediente similar del caso del Estado francés) y el 29 de junio de 2011.
Según fuentes del sector de construcción naval en dicho periodo se contrataron 192 buques, de los que 175 barcos, según señaló ayer en TVE la consejera delegada de la patronal de los astilleros Pymar, se acogieron a la fórmula del tax lease. La cifra presentada por el Ministerio de Hacienda es mucho más baja, a priori, de las manejadas en el sector.
Una vez más la gestión del asunto del sector naval por parte del Gobierno español ha sido, por lo menos, curiosa. El ministro de Industria, José Manuel Soria, se entrevistó ayer a las cinco de la tarde con la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco, Arantza Tapia, y tras salir de la reunión la representación vasca no tenía claro si se habían cumplido todos los requisitos de Bruselas. Fuentes del citado Ministerio de Industria mantuvieron el silencio sobre el tema y en Bruselas a la Comisión Europea no le constaba haber recibido la documentación.
En todo caso, el sector naval vasco espera que el Gobierno español tenga los deberes hechos en relación a la recuperación de las ayudas fiscales y los inversores participantes, -Santander, Popular, Inditex, etc- sepan a qué atenerse de manera que se despejen las incertidumbres que se ciernen sobre los astilleros. La vuelta de la seguridad jurídica ayudaría a los astilleros a cerrar nuevos contratos, según el sector.
Los 126 millones de euros son, al parecer, la estimación teórica de la cuantía basada en una autorización inicial que ha considerado que todas las estructuras fiscales se han completado. Según Hacienda, ahora será necesario analizar, "caso por caso", el beneficio fiscal realmente obtenido. Para ello es necesario disponer de datos adicionales sobre la realidad de cada operación. En este sentido, Bruselas ya había comunicado a Madrid que no estaba de acuerdo con el mecanismo de valoración utilizado inicialmente.
La consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, confirmó tras la reunión con Soria que España había remitido "un listado de operaciones" y destacó que ese movimiento "supone un paso adelante", pero dejó claro que "aún quedan cuestiones por aclarar".
Tapia mostró su estupor porque el Gobierno español "no haya confirmado si ha remitido o no, a Bruselas toda la documentación solicitada en las condiciones requeridas, es decir con una clara relación de empresas afectadas y la concreción de las cuantías a solicitar a cada una de ellas".
Arantza Tapia recordó que "en Euskadi nos consta que existen operaciones de nuevos contratos de barcos que podrían cerrarse siempre y cuando dignifiquemos y aclaremos el sistema de financiación vigente"., por lo que la dilación del capítulo tax-lease no trae más que inseguridad y desconfianza para potenciales financiadores" ha señalado.
Por otra parte, Tapia entregó a Soria un estudio sobre el impacto negativo que la reforma eléctrica tendrá sobre las industrias vascas pues supone un incremento de más del 20% de la tarifa energética.
